La tragedia ocurrida en el centro comercial Real Plaza de Trujillo, que dejó seis fallecidos y más de 80 heridos, ha generado una ola de indignación y preguntas sobre las responsabilidades. El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, ha interpuesto una denuncia penal contra los propietarios y administradores del Real Plaza por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Sin embargo, Reyna señala que la responsabilidad no recae únicamente en la administración del centro comercial.
Más allá del Real Plaza: un problema de flexibilización normativa
El alcalde argumenta que la negligencia podría extenderse a quienes, a lo largo de los años, otorgaron flexibilidades normativas a grandes centros comerciales, facilitando prácticas que podrían haber contribuido a la tragedia. Señala específicamente cambios en las regulaciones sobre las estructuras metálicas, mencionando que en el 2007 se exigía una carta de garantía del fabricante, requisito que se fue flexibilizando hasta eliminarse en el 2018. Esta flexibilización, según Reyna, podría implicar responsabilidades para quienes aprobaron estos cambios.
La Municipalidad de Trujillo y las limitaciones legales
Reyna explica que las actuales normas limitan la capacidad de la Municipalidad para inspeccionar las infraestructuras a “inspecciones a título ocular”, es decir, lo que se puede observar a simple vista. Esto contrasta con la norma anterior, más exhaustiva en la inspección técnica. El alcalde se une a las voces que exigen un retorno a la norma anterior para asegurar un mayor control y prevenir futuras tragedias.
Investigación en curso: reforzamiento de la estructura
Respecto al presunto reforzamiento de la estructura del centro comercial, el alcalde indica que se encuentra bajo investigación. Se desconoce si este reforzamiento se llevó a cabo, en qué año y si contó con la autorización municipal. Reyna enfatiza que la flexibilización de las normas para beneficiar a los centros comerciales es un problema a nivel nacional que necesita una solución urgente.
Llamado a la acción: una revisión nacional de las normas
La tragedia del Real Plaza en Trujillo ha puesto en evidencia la necesidad de una revisión exhaustiva de las normas de seguridad en centros comerciales y grandes estructuras. La denuncia del alcalde y las declaraciones a la prensa reflejan una preocupación por la posible complicidad de la clase política en la flexibilización de las normas de seguridad, lo que podría haber contribuido a la tragedia. La investigación en curso deberá determinar con exactitud las responsabilidades en este lamentable suceso y servirá como lección para prevenir futuros accidentes.
El caso ha generado un amplio debate sobre la responsabilidad social empresarial y la necesidad de un marco regulatorio más estricto y eficaz para proteger la vida de los ciudadanos. La opinión pública exige transparencia y justicia para las víctimas y sus familias, mientras se espera que las autoridades tomen medidas para evitar que incidentes similares vuelvan a ocurrir.
Fuente: Gestión