El gobierno peruano ha tomado medidas drásticas en la provincia de Pataz tras el asesinato de 13 trabajadores de la minera Poderosa. La presidenta Dina Boluarte anunció la implementación de un toque de queda y la suspensión de toda actividad minera en la zona.
Toque de queda y control militar
El toque de queda se extenderá desde las 6:00 pm hasta las 6:00 am, con las Fuerzas Armadas asumiendo el control total del área cercana a la mina La Poderosa. Esta medida busca restablecer el orden y la seguridad en la región afectada por la violencia.
Responsabilidad del Ministerio Público
La presidenta Boluarte responsabilizó al Ministerio Público por la masacre, alegando que el presunto responsable, conocido como «Cuchillo», había sido liberado previamente a pesar de una captura en 2023. Esta afirmación ha generado controversia y debate sobre la eficacia del sistema judicial peruano.
Suspensión de la actividad minera
Además del toque de queda, el gobierno ha ordenado la suspensión de toda actividad minera en la provincia de Pataz por un período inicial de 30 días, con posibilidad de prórroga. Esta medida busca facilitar el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, permitiendo una investigación más exhaustiva y el control de la situación.
Medidas preventivas adicionales
La presidenta Boluarte hizo un llamado a las empresas mineras para que eviten la subcontratación indiscriminada, argumentando que esto dificulta el control de quienes realmente trabajan en las minas y puede facilitar la infiltración de elementos criminales.
Consecuencias y repercusiones
La decisión del gobierno tendrá importantes consecuencias económicas y sociales en la región. La suspensión de la actividad minera afectará a miles de trabajadores y sus familias, generando incertidumbre y posibles problemas de desempleo. Por otro lado, la implementación del toque de queda restringirá la libertad de movimiento de los habitantes de Pataz.
La situación en Pataz sigue siendo tensa y delicada. La investigación del asesinato de los 13 mineros continúa, mientras el gobierno busca estabilizar la zona y prevenir futuros actos de violencia. Las medidas tomadas son controvertidas y generan un debate amplio sobre la seguridad, justicia y el rol de la minería en Perú.
La respuesta del gobierno a la masacre es un claro reflejo de la complejidad del problema de la violencia e inseguridad en ciertas zonas del país, donde las actividades mineras a menudo se entrelazan con la delincuencia organizada. El tiempo dirá la eficacia de las medidas implementadas y su impacto a largo plazo en la región de Pataz.
La situación se mantiene en desarrollo y se esperan nuevas actualizaciones en los próximos días.
Fuente: Gestión