El reciente aumento del sueldo de la presidenta Dina Boluarte en Perú ha generado una fuerte controversia. El incremento, de S/15,600 a S/35,568 mensuales, ha provocado una reacción inmediata en el Congreso, con varios congresistas presentando proyectos de ley para anular la medida. La decisión ha sido criticada por exceder los límites establecidos en la Ley 28212, que fija un tope de diez Unidades Remunerativas del Sector Público (S/ 26,000 para 2025).
Congresistas lideran la oposición
Silvana Robles (Bancada Socialista), Sigrid Bazán y Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular) presentaron iniciativas legislativas independientes para dejar sin efecto el aumento. Robles argumenta que, aunque una acción popular podría ser la vía legal, el proceso judicial es demasiado largo, por lo que la vía legislativa es más eficiente. Bazán califica el aumento como un «despropósito» dado el contexto económico actual y la baja popularidad del gobierno. Reymundo coincide en que el aumento viola la Ley 28212 y carece de base constitucional.
Podemos Perú se suma a la crítica
Podemos Perú también se manifestó en contra del incremento salarial, calificándolo de inoportuno en medio de la crisis política, económica y de inseguridad que atraviesa el país. Anunciaron que presentarán un proyecto de ley para derogar el decreto supremo que autorizó el aumento.
La Comisión de Fiscalización toma cartas en el asunto
La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó por unanimidad citar a la presidenta Boluarte para que explique el aumento. Además, se decidió presentar una moción de interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas. Se propone también una ley para derogar el decreto supremo.
Debate abierto en el Congreso
El debate en el Congreso se intensifica en torno al aumento salarial, con críticas de diversos sectores políticos y sociales. La citación de la presidenta Boluarte y las iniciativas presentadas por los congresistas muestran la fuerte oposición a la medida. El futuro del aumento salarial presidencial aún se encuentra incierto, mientras las discusiones políticas continúan. El impacto de esta decisión en la opinión pública y el escenario político peruano es notable, generando un debate sobre la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Se espera que en las próximas sesiones del Congreso se tomen decisiones cruciales al respecto.
El aumento, que entrará en vigor en julio del 2025, ha generado un debate sobre la ética y la responsabilidad del gobierno en momentos de crisis económica y social. La falta de comunicación y justificación clara por parte del Ejecutivo ha exacerbado las críticas.
El rechazo al aumento salarial por parte de la oposición y la población genera un clima de incertidumbre política, lo que podría afectar la estabilidad del gobierno en el corto plazo. Queda pendiente la decisión final del Congreso, lo que podría marcar un precedente significativo en la política peruana.
Fuente: Gestión