Un escándalo sacude la presidencia de Dina Boluarte. A la reciente polémica por el significativo aumento salarial, se suma la revelación de un gasto mensual de S/ 5,000 en una tarjeta de alimentación para la mandataria y su familia. Esta información, divulgada por el programa «Punto Final», despierta interrogantes sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Según el reporte, la tarjeta recargable, perteneciente a la marca Pluxee (anteriormente Sodexo), es parte de la Adjudicación Simplificada 002-2024 del Despacho Presidencial. Su uso permite compras en supermercados, panaderías, restaurantes y otros establecimientos afiliados en Lima. La tarjeta, con un límite mensual de S/ 5,000, no permite retiros de efectivo, pero se puede recargar si se agota el saldo.
La controversia de la tarjeta de alimentos
La renovación del contrato para este servicio en marzo de este año, por un monto adicional de 60,000 soles, ha intensificado el debate. La falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos es un tema crucial para la ciudadanía. La negativa de Palacio de Gobierno a revelar el detalle de los consumos, argumentando riesgos para la seguridad de la presidenta, ha generado aún más dudas.
El argumento de Palacio, que la información podría ser usada por organizaciones terroristas o criminales para atentar contra la mandataria al revelar sus preferencias de consumo y lugares frecuentados, ha sido recibido con escepticismo por varios sectores. La falta de acceso a esta información alimenta la percepción de opacidad en el gasto presidencial.
Voces críticas y precedentes
Exfuncionarios como José Elice, exsecretario general de Palacio de Gobierno, cuestionan la necesidad de esta tarjeta, dado que la Oficina de Administración de Palacio ya provee alimentos a todas las áreas, incluida la residencia presidencial. Además, ex presidentes como Francisco Sagasti y Martín Vizcarra han confirmado que durante sus mandatos no existió un beneficio similar.
La opacidad en torno al uso de esta tarjeta contrasta con la promesa de transparencia del gobierno. La cláusula de confidencialidad en el contrato con el proveedor añade otra capa de misterio a la situación. La ciudadanía exige mayor rendición de cuentas y transparencia en el uso de los fondos públicos, particularmente en el contexto del reciente aumento salarial de la presidenta.
El caso ha generado un amplio debate en redes sociales y medios de comunicación, con la oposición y diferentes sectores de la sociedad exigiendo explicaciones y mayor control sobre el gasto público. La controversia destaca la importancia de la transparencia en la gestión gubernamental y la necesidad de mecanismos robustos de control para evitar posibles abusos.
El gobierno de Dina Boluarte enfrenta ahora una nueva prueba en cuanto a su credibilidad y compromiso con la transparencia. La presión pública para que se aclare el uso de la tarjeta de alimentación es considerable, y una respuesta contundente y transparente se espera para calmar las crecientes preocupaciones.
Se espera que las investigaciones pertinentes arrojen luz sobre este tema y se tomen las medidas adecuadas para restablecer la confianza en la gestión de los recursos públicos. La transparencia es fundamental para fortalecer la democracia y garantizar la rendición de cuentas de los gobernantes.
Fuente: Gestión