
Una impactante noticia sacude al Perú: 13 trabajadores de la Minera Poderosa han sido secuestrados por grupos criminales vinculados a la minería ilegal en la zona de Pataz, La Libertad. La empresa denunció el hecho este viernes, generando una ola de preocupación e indignación. Los trabajadores secuestrados se encontraban realizando labores para un minero artesanal con quien Poderosa mantiene un contrato de explotación.
Un Crimen en medio del Estado de Emergencia
El suceso ocurre a pesar de la declaratoria del estado de emergencia en Pataz y la presencia de un importante contingente policial y militar en la región. Este hecho pone en evidencia la gravedad de la situación de inseguridad que azota la zona y la ineficacia de las medidas implementadas hasta el momento para combatir la minería ilegal. La minera Poderosa ha señalado que la presencia de la minería ilegal en sus concesiones se ha intensificado desde el 2020, obligándolos a suspender varias operaciones y poniendo en riesgo la integridad física de sus empleados y de los mineros artesanales que trabajan en proceso de formalización.
Ataques constantes a la Minera Poderosa
Poderosa ha sido víctima de múltiples ataques contra sus instalaciones en los últimos años. Estos actos de violencia ponen en jaque la actividad minera legal en la zona y generan un clima de incertidumbre e inseguridad. La empresa exige a las autoridades una intervención inmediata y contundente para detener la ola de violencia y proteger la vida de sus trabajadores. La situación es crítica y requiere de una respuesta efectiva por parte del Estado peruano para garantizar la seguridad de la población y el desarrollo de la actividad minera formal.
Llamado a la Acción
Este secuestro masivo no sólo representa una grave violación a los derechos humanos, sino también un duro golpe a la economía regional. La minería legal es un pilar fundamental para el desarrollo de muchas comunidades, y su paralización por la acción de grupos criminales representa una grave amenaza para el progreso. Se exige una estrategia integral para combatir la minería ilegal, que incluya no solo una mayor presencia policial y militar, sino también medidas para la formalización de los mineros artesanales y una mayor inversión en el desarrollo social de las zonas afectadas.
El futuro de los 13 trabajadores secuestrados es incierto, y la comunidad minera espera una respuesta rápida y efectiva de las autoridades. La falta de seguridad en la zona ha generado un ambiente de miedo y desconfianza, lo que dificulta aún más las labores de las empresas mineras que operan en la zona. La solución requiere un esfuerzo conjunto entre el gobierno, la policía, el ejército y las empresas mineras para lograr un ambiente de trabajo seguro y permitir que la minería legal pueda contribuir al desarrollo del país sin el constante riesgo de la violencia y la delincuencia.
La sociedad peruana exige justicia y la liberación inmediata de los trabajadores secuestrados. La impunidad no puede seguir permitiendo que la minería ilegal opere con total impunidad, causando pérdidas humanas y económicas. Es tiempo de actuar con firmeza y garantizar la seguridad de los trabajadores y el desarrollo sostenible de la minería en el Perú.
Fuente: Gestión