Durante cinco años, un acuerdo crucial entre la Fiscalía peruana y Odebrecht permaneció en secreto. Este pacto, clave en las investigaciones del caso Lava Jato, finalmente ha visto la luz tras una orden del Tribunal Constitucional (TC).
El Misterio de los Cinco Años
La decisión del TC, que ordenó la publicación del acuerdo en un plazo de cinco días, ha generado gran revuelo. La pregunta que todos se hacen es: ¿Por qué se mantuvo este documento en reserva durante tanto tiempo? El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, argumenta que no existía amparo legal para su publicación antes de la orden del TC. Él sostiene que actuaron bajo el principio de legalidad, siguiendo las normas existentes, las cuales, según su interpretación, no permitían la divulgación del acuerdo a terceros no involucrados en el proceso.
El Rol del Tribunal Constitucional
La demanda de habeas data presentada por Phillip Butters, que alegaba vulneración del derecho de acceso a la información pública, fue el detonante para que el TC interviniera. La decisión del TC enfatiza que la finalidad legítima para mantener la reserva del acuerdo ya no existía, ya que el proceso judicial había concluido. El organismo constitucional aclaró que mientras un proceso judicial está en curso, el acceso al expediente es exclusivo para las partes involucradas. Sin embargo, tras una sentencia firme, el acuerdo recupera su carácter público, según el artículo 139, inciso 4 de la Constitución.
La Reacción de la Fiscalía
La Fiscalía, tras la decisión del TC, cumplió con la orden y entregó una copia del acuerdo a Butters y su abogado, Wilber Medina, quien lo publicó en redes sociales. Pérez insiste en que no existía una norma que obligara a la Fiscalía a entregar el acuerdo a un tercero ajeno al proceso de colaboración eficaz. Si bien la sentencia que recoge los fundamentos del acuerdo ya había sido publicada, Pérez argumenta que no había base legal para divulgar el acuerdo en sí mismo antes de la orden del TC. Señala que publicar actas o documentos sin el debido amparo legal podría generar responsabilidades disciplinarias.
Interpretaciones Legales en Debate
El abogado penalista Carlos Caro ofrece una perspectiva diferente. Si bien el acuerdo establecía una cláusula de confidencialidad hasta su homologación judicial (junio de 2019), Caro argumenta que los deberes de reserva provenientes de la regulación de la colaboración eficaz podrían extender ese plazo. Este plazo, según Caro, dependería de la culminación de la colaboración y el agotamiento de la entrega de información por parte de los colaboradores. Para Caro, la decisión del TC es acertada, ya que los fiscales no estaban obligados a publicar el documento, pero la reserva se debía levantar una vez que la colaboración eficaz cumpliera su objetivo.
Conclusión: Transparencia y el Acceso a la Información
El caso del acuerdo Odebrecht-Fiscalía pone en relieve la compleja interacción entre la transparencia, el derecho de acceso a la información pública, y las necesidades de reserva en las investigaciones judiciales. La decisión del TC resalta la importancia de equilibrar estos principios y la necesidad de una regulación clara que defina los plazos y las condiciones para la publicación de documentos relacionados con acuerdos de colaboración eficaz.
Fuente: Gestión