El Congreso peruano ha rechazado la propuesta de inhabilitar al expresidente Francisco Sagasti por 10 años. La moción, que acusaba a Sagasti de presuntas infracciones constitucionales relacionadas con el pase al retiro de oficiales de la Policía Nacional, no logró obtener los votos necesarios para su aprobación. La votación arrojó 56 votos a favor, 12 en contra y 5 abstenciones, un resultado insuficiente para alcanzar la mayoría requerida.
La acusación contra Sagasti se centraba en supuestas violaciones de los artículos 45, 139 (inciso 3) y 172 de la Constitución, así como en la presunta comisión del delito de abuso de autoridad. El congresista Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, fue el principal impulsor de la moción, argumentando que las acciones de Sagasti habían afectado gravemente a la Policía Nacional. Específicamente, se le acusaba del retiro irregular de 19 oficiales, entre generales y tenientes generales.
El debate en el Congreso
El debate en el hemiciclo se caracterizó por una fuerte polarización. Los partidarios de la inhabilitación destacaron la gravedad de las supuestas irregularidades y la necesidad de rendición de cuentas. Por otro lado, los opositores argumentaron que la acusación carecía de fundamentos sólidos y que la medida era excesiva e incluso políticamente motivada. Se cuestionó la legalidad del proceso y se argumentó que no existían pruebas suficientes para justificar una inhabilitación tan drástica.
Más allá de Sagasti
La moción también involucraba a los exministros del Interior, Ismael Rubén Vargas Céspedes y José Manuel Elice, quienes también enfrentaban la posibilidad de una inhabilitación de 10 años. Sin embargo, al igual que en el caso de Sagasti, la propuesta no logró el apoyo suficiente en el Congreso. Si bien no se logró la inhabilitación, el Congreso sí aprobó una resolución que declara haber lugar a la formación de causa penal contra los tres acusados por el presunto delito de abuso de autoridad.
Este episodio genera un nuevo capítulo en el ya complejo escenario político peruano. La votación en el Congreso evidencia las profundas divisiones existentes y resalta la importancia del debate sobre la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública. La falta de consenso sobre la inhabilitación de Sagasti y sus exministros deja abierta la puerta a futuras investigaciones y posibles procesos judiciales.
El resultado, aunque no favorable a la inhabilitación, sin duda tendrá repercusiones en el debate político y el futuro de la escena política peruana. La decisión del Congreso ha generado una gran cantidad de reacciones y análisis de los diversos sectores de la población, abriendo un debate sobre los límites del poder político y la responsabilidad de los funcionarios públicos.
La falta de una condena contundente permite al expresidente Sagasti continuar su vida pública sin la penalización planteada, aunque con el precedente del proceso iniciado por abuso de autoridad. El futuro dirá si este hecho representa un cierre del caso o si nuevas investigaciones y procesos judiciales seguirán su curso.
Fuente: Gestión.pe