El Poder Judicial peruano ha expresado su profunda preocupación por la reciente aprobación de la Ley 32326, la cual introduce modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio. Esta ley, según el Poder Judicial, debilita considerablemente la lucha contra el crimen organizado y la recuperación de activos ilícitos. La entidad argumenta que la extinción de dominio es una herramienta crucial en la batalla contra el narcotráfico, el lavado de activos, el tráfico de datos y la suplantación de identidad, permitiendo actuar en situaciones donde el derecho penal no puede intervenir directamente.
Impacto de la Nueva Ley
Desde su implementación en 2019, el Poder Judicial ha recuperado más de 172 millones de dólares en bienes ilícitos. Sin embargo, la nueva ley contradice el artículo 53 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de Mérida y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estas modificaciones, según el comunicado del Poder Judicial, ponen en riesgo la institucionalidad democrática, el cumplimiento de los compromisos internacionales y la seguridad ciudadana del país.
Riesgos Internacionales
La modificación legislativa podría llevar a que Perú sea incluido en listas de alto riesgo económico, como la «lista gris oscura» o incluso la «lista negra», obstaculizando el acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esto tendría graves consecuencias para la economía peruana y su reputación internacional.
Beneficios para Organizaciones Criminales
El Poder Judicial también critica que la nueva ley podría beneficiar a las organizaciones criminales, al impedir la recuperación de activos sin una sentencia penal firme. Esta situación permitiría a las redes delictivas conservar los bienes obtenidos ilegalmente, fortaleciendo su poder y dificultando aún más la lucha contra la corrupción.
Efectividad del Mecanismo Anterior
El Poder Judicial resalta que, antes de la modificación, el 82.2% de los procesos de extinción de dominio resueltos desde 2019 tuvieron sentencia favorable, demostrando la efectividad del mecanismo anterior. Esta alta tasa de éxito pone en evidencia la preocupación del Poder Judicial sobre el impacto negativo de la nueva ley.
Llamado a la Reconsideración
El comunicado concluye con un llamado a las autoridades para que revisen y reconsideren los cambios introducidos en la ley, priorizando el fortalecimiento de los mecanismos de justicia y la lucha contra el crimen organizado en Perú. La preocupación es palpable, ya que se teme un retroceso significativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Fuente: Gestión