El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha presentado una denuncia administrativa contra la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza. La razón? Santiváñez alega que la providencia N° 70, que solicita acceso a su información privada, viola su derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. Esta resolución, según el ministro, se hizo pública sin considerar la reserva que debería tener una investigación fiscal.
Acusaciones Graves
La denuncia administrativa acusa a la Fiscal de la Nación de cometer infracciones graves, específicamente los artículos 46 y 47 de la Ley de la Carrera Fiscal (Ley N° 30483). Estas infracciones incluyen la falta de discreción en asuntos que requieren reserva y el comentar aspectos procesales o de fondo de una investigación en curso a través de los medios de comunicación. Además, se le imputa la muy grave infracción de facilitar o proporcionar información reservada.
El Contexto de la Investigación
La investigación contra el ministro se inició tras la difusión de presuntos audios de conversaciones entre Santiváñez y el capitán PNP Junior Izquierdo («Culebra»). En estas conversaciones, supuestamente, el ministro le habría pedido al oficial que «controlara» a un periodista. Santiváñez ha negado rotundamente ser el autor de estas conversaciones.
Plazo para Entrega de Información
La Fiscalía le dio a Santiváñez un plazo de 48 horas para entregar el chip y el acceso a su cuenta de iCloud, luego de que su defensa entregara un celular vacío y sin información. La providencia N° 70, emitida el 14 de enero, formalizó este requerimiento.
Reacción del Ministro
La denuncia de Santiváñez argumenta que la publicación de la providencia N° 70 representa una acción flagrante e ilegal, ya que expone información confidencial y vulnera sus derechos fundamentales. El ministro insiste en que se han cometido infracciones graves durante la investigación en su contra.
Implicaciones del Caso
Este caso genera un fuerte debate sobre la protección de la intimidad en las investigaciones y la responsabilidad de las autoridades en el manejo de información confidencial. Las acciones legales emprendidas por el ministro podrían tener importantes implicaciones para el desarrollo de la investigación y para la relación entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía de la Nación.
La tensión entre ambos poderes del Estado se ha intensificado, generando incertidumbre sobre el futuro de la investigación y las posibles consecuencias para los involucrados. El caso seguirá generando debate y análisis en los próximos días y semanas.
El desenlace de esta controversia tendrá un impacto significativo en el panorama político y legal del país, con implicaciones tanto para la transparencia como para la protección de los derechos individuales.
Se espera que la denuncia administrativa sea investigada a fondo y que se determine si las acciones de la Fiscalía de la Nación fueron apropiadas o si se cometieron las infracciones alegadas por el ministro.
Fuente: Gestión.pe