La minería informal e ilegal en Perú está generando un impacto significativo en el desarrollo del sector minero formal, frenando el avance de nuevas concesiones mineras. Un reciente estudio del Observatorio de conflictos mineros revela una preocupante realidad: la expansión de la minería ilegal está absorbiendo gran parte del potencial minero del país, reduciendo los incentivos para la rápida expansión de concesiones formales.
El impacto de la informalidad
A pesar de que algunos mineros informales buscan formalizarse, muchos operan al margen de la ley, sin solicitar concesiones o sin necesitarlas para sus actividades. Esto genera una competencia desleal con las empresas formales y distorsiona el mercado minero. El estudio indica que una parte significativa de la actividad minera nacional podría estar siendo canalizada a través de la minería informal e ilegal, una situación que está en constante crecimiento.
La problemática se agrava por la existencia de empresas formales que adquieren mineral de origen ilegal, evadiendo el sistema de catastro minero y contribuyendo a la falta de crecimiento en el registro de concesiones. Esta práctica ilícita no solo perjudica al Estado al privarlo de ingresos fiscales, sino que también perpetúa un ciclo de ilegalidad que mina la estabilidad del sector.
Factores económicos globales y desafíos internos
Además de la minería ilegal, otros factores externos e internos contribuyen a la situación. El contexto económico global incierto, con una recuperación incompleta tras la pandemia y la presencia de múltiples crisis (bélicas, climáticas y comerciales), afecta la confianza de los inversionistas en nuevos proyectos mineros.
La necesidad de grandes inversiones en proyectos mineros hace que los mercados financieros sean más cautelosos a la hora de financiar nuevas iniciativas, lo que limita la reactivación de concesiones mineras, incluso con precios de los minerales altos. La exploración y el descubrimiento de nuevas reservas han mantenido una superficie concesionada alta (alrededor de 19 a 20 millones de hectáreas desde 2016), pero esto no refleja la realidad de la creciente informalidad.
Consecuencias sociales y territoriales
El auge de la minería informal ha transformado la conflictividad social, generando disputas por el control del territorio y los beneficios entre pequeños y medianos mineros, empresas formales y comunidades. El Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) reporta un aumento en los conflictos socioambientales, muchos de ellos relacionados con la actividad minera.
El alto porcentaje de territorio concesionado en algunas regiones (superando el 50% en Apurímac y La Libertad, e incluso el 80% en zonas como Pataz) crea un ambiente propicio para la criminalidad asociada a la minería ilegal. A esto se suma el superciclo de precios de minerales como el cobre y el oro, que genera ingresos extraordinarios para las empresas formales, pero también incentiva la expansión de la minería informal.
En resumen, la situación de la minería en Perú es compleja, con la minería informal e ilegal como un factor clave que impide un crecimiento sostenido y legal del sector. Se requiere una acción decidida del gobierno y una mayor colaboración entre todos los actores involucrados para abordar este desafío y asegurar un futuro más estable y próspero para la industria minera peruana.
Fuente: Gestión