El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) logró una victoria clave al suspender la ejecución del laudo arbitral en el caso de la Línea 2 del Metro de Lima. Este laudo, emitido a favor de la concesionaria mayoritariamente controlada por la empresa española ACS (presidida por Florentino Pérez), demandaba al Perú el pago de más de US$315 millones. ACS había iniciado un proceso en Luxemburgo para embargar bienes peruanos para obtener este pago.
La suspensión: ¿irregularidades en el laudo?
La suspensión se debe a una apelación del Estado peruano, argumentando que el Tribunal Arbitral cometió errores graves que justifican la anulación. Específicamente, se cuestionan indemnizaciones por más de US$ 170 millones, EUR 11 millones y S/ 27 millones, calificadas como carentes de justificación legal y técnica, incluyendo conceptos como sobrecostos inciertos y daños sin sustento.
El Ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, afirmó que la discrepancia en los montos entre el laudo y las cifras reales justificó la suspensión. Se espera una decisión definitiva del Comité Ad hoc en el último trimestre de 2025.
El caso de Boca del Río: nuevas irregularidades
Sandoval también abordó las presuntas irregularidades en la licitación de la obra de Boca del Río en Tacna, adjudicada al Consorcio Vial Sama, que incluye a la empresa China Gezhouba Group. Un reportaje de Cuarto Poder alertó sobre la idéntica oferta económica y puntuación técnica de las tres empresas finalistas, lo que genera sospechas de falta de transparencia. Sandoval declaró que denunció este proceso ante la Contraloría General de la República y la Fiscalía a principios de su gestión ministerial, adjuntando cartas que acreditan sus acciones.
Si bien la buena pro ya fue adjudicada, la firma del contrato está pendiente. Sandoval enfatiza la importancia de un proceso transparente antes de la formalización del contrato, y expresa su preocupación por la demora de la Contraloría en actuar.
Este caso pone en relieve la complejidad de los proyectos de infraestructura pública y la necesidad de rigurosos procesos de licitación y arbitraje para evitar controversias millonarias y asegurar la transparencia en la gestión de fondos públicos. La suspensión del embargo, aunque temporal, representa un respiro para el Estado peruano en su enfrentamiento con la concesionaria y genera expectativa sobre la decisión final del Comité Ad hoc y las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en Boca del Río.
Fuente: Gestión