Una polémica decisión del Tribunal Constitucional (TC) en Perú ha generado un terremoto político y judicial. El fallo, que declara inconstitucional partes de la Ley de Extinción de Dominio, podría liberar a importantes figuras políticas y criminales, permitiéndoles recuperar millones de soles en bienes incautados. La Fiscalía ha expresado su profunda preocupación, advirtiendo sobre las graves consecuencias de esta decisión.
El impacto de la decisión
El TC declaró inconstitucional dos artículos clave de la ley: uno que anulaba las transacciones con bienes de origen ilícito y otro que permitía la extinción de dominio sobre bienes adquiridos antes de la vigencia de la norma. Esta decisión obliga al Congreso a crear un mecanismo para que las personas absueltas recuperen sus bienes o reciban una indemnización, incluyendo intereses.
La Fiscalía alerta sobre el archivo inmediato de cientos de casos, incluyendo aquellos relacionados con el caso Lava Jato. Se estima que, solo en Lima, 762 procesos serían archivados, impidiendo la recuperación de aproximadamente S/ 1,202 millones de activos. Esta pérdida económica es significativa y representaría un duro golpe a la lucha contra la corrupción.
Personajes clave involucrados
La lista de potenciales beneficiarios incluye a expresidentes, congresistas, exalcaldes, gobernadores, funcionarios y sentenciados por corrupción. Entre ellos destacan Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, «camarada Artemio», y el empresario Rodolfo Orellana Rengifo. Estos personajes podrían recuperar propiedades y cuentas bancarias incautadas, a pesar de las acusaciones de enriquecimiento ilícito.
El caso Odebrecht también se ve afectado, con la posibilidad de anular 33 procesos de extinción de dominio. Esto podría impedir la recuperación de S/ 880,407,483, afectando a figuras como Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Susana Villarán, César Villanueva, Jorge Barata y otros. Incluso los bienes de las hijas de Barata, incautados recientemente, podrían ser devueltos.
Una dura crítica de la Fiscalía
El coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos y Extinción de Dominio, Mirko Cano Gamero, rechazó fuertemente la decisión del TC y enfatizó las devastadoras consecuencias que tendrá para la lucha contra el crimen organizado en el país. Él considera que el fallo sentará un precedente negativo y debilitará significativamente las herramientas disponibles para combatir la corrupción.
La decisión del TC ha generado una profunda controversia en Perú. Mientras algunos celebran la posibilidad de que se revisen las sentencias y se protejan los derechos de los acusados, muchos otros expresan su indignación ante la posibilidad de que importantes cantidades de dinero del Estado se pierdan y que personajes implicados en casos de corrupción salgan impunes.
La repercusión de esta decisión en la opinión pública y en el sistema judicial peruano es inmensa, y se espera que se produzcan fuertes debates en los próximos días y semanas.
Fuente: Gestión