Tras la tragedia en el Real Plaza de Trujillo, que dejó seis muertos y numerosos heridos, el Congreso Peruano evalúa un proyecto de ley que podría cambiar significativamente la forma en que los municipios gestionan la seguridad de los establecimientos comerciales. La iniciativa busca derogar una ley que limita la capacidad de los municipios para clausurar locales con deficiencias de seguridad, restituyendo así sus facultades previas.
El impacto de la Ley N° 31914
La Ley N° 31914 modificó la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (Ley N° 28976), restringiendo las acciones municipales en caso de incumplimiento de normas de seguridad. Anteriormente, los municipios podían clausurar un local completo por deficiencias; ahora, solo pueden clausurar el área específica donde se detecta el riesgo, dejando el resto del establecimiento operativo. Esto ha generado preocupación sobre la efectividad de las inspecciones y la seguridad general de los locales.
El proyecto de ley: ¿una solución a la problemática?
El proyecto de ley N° 10320, presentado por congresistas del Bloque Democrático Popular, busca revertir esta situación. Su objetivo principal es permitir a los municipios clausurar establecimientos con fallas de seguridad significativas, garantizando así una mayor protección para la población. La propuesta argumenta que la ley vigente dificulta las inspecciones exhaustivas y la aplicación de sanciones efectivas.
Análisis de la situación actual
La iniciativa legislativa destaca la necesidad de una supervisión rigurosa, no solo al otorgar licencias, sino también a través de inspecciones periódicas. Se enfatiza la importancia de la fiscalización por personal técnico capacitado y la responsabilidad de las empresas administradoras en garantizar la seguridad de sus clientes, identificando y mitigando riesgos potenciales. Se considera que la tragedia de Trujillo pudo haberse evitado con una mayor capacidad de fiscalización municipal.
El futuro de la iniciativa
Si el proyecto de ley es aprobado, entrará en vigencia inmediatamente después de su publicación en el diario oficial El Peruano. El Poder Ejecutivo tendrá entonces un plazo de 10 días para realizar los ajustes necesarios en las leyes y normas administrativas que pudieran contradecir la nueva legislación. El debate sobre este proyecto de ley es crucial para determinar el futuro de la seguridad en establecimientos comerciales en Perú y la responsabilidad de las autoridades municipales en su supervisión.
Consideraciones adicionales
El debate en torno a este proyecto de ley genera interrogantes sobre el equilibrio entre la regulación estatal y la autonomía municipal, así como la efectividad de las sanciones y la responsabilidad empresarial en la prevención de accidentes. La discusión sobre la seguridad en centros comerciales y la necesidad de una legislación robusta es fundamental para evitar futuras tragedias.
El impacto económico de esta propuesta también debe ser considerado, ya que las clausuras podrían afectar a negocios y generar pérdidas económicas. Un análisis detallado de los costos y beneficios de la iniciativa es fundamental para una toma de decisiones informada.
Fuente: Gestión