La tensión entre Rutas de Lima y el Estado peruano ha escalado a un nuevo nivel con la suspensión del cobro del peaje en Conchán. Si bien la concesionaria ha acatado la orden judicial, su comunicado oficial deja en claro su firme rechazo a la decisión, calificándola de arbitraria e ilegal. La empresa argumenta que esta medida forma parte de una campaña de hostigamiento por parte del Estado, que amenaza con socavar las inversiones privadas y la seguridad jurídica en el país.
Una batalla legal con fuertes implicaciones económicas
Rutas de Lima sostiene que el peaje de Conchán fue establecido hace más de dos décadas, mucho antes de la concesión de las vías. Señala que el OSITRÁN ya ha determinado la inexistencia de vías alternativas necesarias, aunque admite su presencia en este caso particular, recalcando que la responsabilidad de mejorarlas recae en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Además, la empresa subraya la deuda pendiente de la MML en la reconstrucción del puente Conchán, una responsabilidad que no ha sido atendida durante más de diez años.
¿Arbitrariedad o justicia? El debate se intensifica
El conflicto va más allá de un simple cobro de peaje. Rutas de Lima denuncia una campaña sistemática de hostigamiento judicial, político y mediático, en la cual la MML y otras autoridades, incluyendo la Defensoría del Pueblo, estarían involucradas. La concesionaria argumenta que la decisión judicial afecta gravemente sus finanzas, ya que un 50% de sus ingresos están comprometidos debido a la inoperatividad de 26 casetas de peaje.
Amenaza a la inversión privada y consecuencias para el país
Para Rutas de Lima, esta situación representa una seria amenaza a la inversión privada en el Perú. La empresa asegura que la falta de seguridad jurídica desincentiva futuras inversiones y compromete el desarrollo de infraestructura vial. Consecuentemente, la concesionaria ha anunciado su intención de recurrir a instancias nacionales e internacionales para proteger sus derechos e inversiones.
El futuro del peaje de Conchán: ¿incertidumbre total?
El futuro del peaje de Conchán y la relación entre Rutas de Lima y el Estado peruano se encuentran en un punto crítico. La decisión de la empresa de desafiar la resolución judicial abre la puerta a un prolongado conflicto legal con consecuencias impredecibles para la concesión, la inversión privada y la ciudadanía en general. El impacto económico de esta controversia podría ser significativo, lo que hace que sea un asunto de vital interés público.
Mientras tanto, la incertidumbre reina sobre el futuro del cobro del peaje en Conchán, un escenario que destaca la delicada situación que enfrentan las inversiones privadas en el país frente a decisiones judiciales y políticas que generan un ambiente de inseguridad jurídica.
Fuente: Gestión