El Perú ha visto un nuevo cambio en su gabinete ministerial con la juramentación de Juan Alcántara Medrano como el nuevo Ministro de Justicia. Su nombramiento, sin embargo, no ha estado exento de controversia, generando interrogantes sobre su pasado y sus posibles vínculos con figuras políticas influyentes.
Alcántara, un abogado con una trayectoria de 30 años en la administración pública, cuenta con un sólido currículum académico. Se graduó de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), obtuvo una maestría en Derecho Penal en la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) y cursó un doctorado en Derecho en la misma institución. Además, ha publicado artículos jurídicos, participado como conferencista en eventos académicos y se desempeña como docente universitario.
Su experiencia profesional incluye cargos importantes en diversas instituciones del Estado. Ha trabajado como Director de la Oficina de Asesoría Jurídica del Servicio de Parques de la Municipalidad Metropolitana de Lima, abogado en Defensa Pública del Ministerio de Justicia, fiscal provincial titular en Junín, y presidente de la Junta de Fiscales Provinciales (2010-2011). También se desempeñó en roles clave en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Trabajo y Sencico.
Su paso por el Ministerio de Salud como Secretario General, en 2023, es particularmente relevante. Durante este periodo, se le cuestionó sobre sus supuestos vínculos con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. Aunque inicialmente admitió un conocimiento previo, luego negó una amistad cercana, atribuyendo su ingreso al Ministerio a sus propios méritos profesionales. Esta declaración se dio después de que un medio de comunicación presentara evidencias que sugerían una relación más cercana de lo declarado.
Cuestionamientos y controversias
Las dudas sobre Alcántara no se limitan a sus vínculos con Nicanor Boluarte. Un informe de la Contraloría General de la República lo señala por presuntas irregularidades en contrataciones durante su gestión como secretario general de la Municipalidad de Breña (2019-2021). Estas acusaciones involucran posibles responsabilidades penales por contrataciones irregulares a través de órdenes de servicio.
Estas controversias plantean interrogantes sobre la transparencia en el proceso de selección y nombramiento de altos funcionarios en el gobierno. La preocupación reside en la posible influencia de factores externos en la toma de decisiones clave, comprometiendo la imparcialidad y la probidad del sector público. La investigación de las acusaciones de la contraloría será fundamental para esclarecer estas dudas.
El nuevo ministro de justicia tendrá ante sí el reto de restaurar la confianza ciudadana en un ministerio crucial para el Estado de derecho. La transparencia en su gestión y el esclarecimiento de las acusaciones en su contra serán clave para su éxito.
La designación de Alcántara se produce en un contexto de inestabilidad política en el Perú, con cambios frecuentes en el gabinete ministerial. Esto genera incertidumbre y afecta la percepción de gobernabilidad del país.
Fuente: Gestión