El fallecimiento de José Miguel Castro, exgerente municipal y testigo clave en el caso de corrupción contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, ha generado incertidumbre sobre el futuro del juicio. A tres meses de su inicio, programado para el 23 de septiembre, la muerte de Castro, quien iba a declarar sobre presuntos aportes ilícitos de Odebrecht y OAS a las campañas de Villarán, plantea interrogantes sobre la validez de sus testimonios previos.
Un testigo clave
Castro era considerado un testigo crucial por la Fiscalía, ya que, según la hipótesis fiscal, actuó como intermediario entre las empresas brasileñas y Villarán, canalizando los presuntos aportes ilícitos para las campañas del “no a la revocatoria” (2013) y su fallida reelección (2014). Su testimonio detallaba las operaciones de entrega de dinero, incluyendo montos, fechas y mecanismos de distribución, involucrando a otras figuras políticas como Anel Townsend, Marisa Glave, Zoila Reátegui y Jorge Nieto Montesinos. Todos ellos negaron las acusaciones.
El exgerente también mencionó el presunto pago a Giovanna Peñaflor, directora de Imasen, para estudios de opinión pública relacionados con la campaña del “no a la revocatoria”. Su nombre, además, aparece en registros bancarios de la Banca Privada de Andorra, en una cuenta presuntamente creada para recibir dinero de las constructoras.
El futuro de las declaraciones
La Fiscalía, liderada por José Domingo Pérez, ha anunciado su intención de presentar las declaraciones de Castro como evidencia en el juicio, a pesar de que su proceso de colaboración eficaz no se había completado. Sin embargo, la admisibilidad de este testimonio genera debate entre abogados penalistas. Algunos argumentan que, al no haberse homologado el acuerdo de colaboración, las declaraciones carecen de validez legal. Otros, por el contrario, consideran que, aunque la acción penal se extinguió con su muerte, las declaraciones mantienen un valor probatorio, requiriendo corroboración con otras pruebas.
Implicaciones para el juicio
La controversia sobre el uso de las declaraciones de Castro en el juicio contra Villarán resalta la complejidad del sistema legal en estos casos. La ausencia de Castro como testigo presencial deja un vacío significativo, obligando a los jueces a determinar la validez probatoria de sus testimonios previos. El caso ilustra los desafíos que presenta la investigación y el procesamiento de delitos de corrupción, donde la muerte de un testigo clave puede afectar significativamente el desarrollo del proceso judicial.
La Fiscalía busca que la información proporcionada por Castro, a pesar de las circunstancias, se considere valiosa para el proceso. La decisión final sobre la admisibilidad de sus declaraciones recaerá en el Poder Judicial, marcando un precedente en el manejo de este tipo de situaciones.
La muerte de Castro sin duda añade una capa de complejidad al ya intrincado caso Villarán. El juicio, independientemente de la decisión sobre las declaraciones de Castro, continúa su curso, con implicaciones significativas para la justicia peruana.
Fuente: Gestión.pe