El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, salió en defensa de la denuncia interpuesta por el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, contra periodistas de Latina. Santiváñez acusa a los periodistas de reglaje, alegando seguimiento ilegal y filmación sin su consentimiento previo. La denuncia ha generado un intenso debate sobre la libertad de prensa y el derecho a la denuncia, desatando una ola de reacciones en el ámbito político y periodístico.
La Denuncia y sus implicaciones
El centro de la controversia radica en un reportaje de Latina titulado “Con quiénes se reúne Santiváñez en Palacio”, emitido el 29 de junio. Santiváñez afirma que el reportaje incluyó imágenes de él, su vehículo y sus desplazamientos, obtenidos mediante métodos que considera ilegales. En su denuncia, señala directamente a la periodista Mónica Delta, al director del programa, Juan Subauste, y al periodista Carlos Hidalgo, entre otros.
El ministro Pérez Reyes, al ser consultado, afirmó que Santiváñez tiene el derecho de interponer la denuncia si se siente afectado. Enfatizó la necesidad de dejar que el sistema judicial actúe sin presiones, evitando interferencias políticas en el proceso legal. Sin embargo, no se pronunció sobre los métodos empleados por los periodistas investigados ni sobre la legitimidad de la denuncia.
Reacciones de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y el IPYS
La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) han expresado su rechazo a la denuncia. Ambas organizaciones consideran que utilizar el sistema penal para silenciar a los medios de comunicación representa una grave amenaza a la libertad de prensa, un pilar fundamental en una sociedad democrática. Alertan sobre el peligro de que acciones como esta puedan intimidar a los periodistas que realizan investigaciones críticas.
El rol de Santiváñez en el Gobierno
Pérez Reyes también se refirió al rol de Santiváñez en el actual gobierno, asegurando que su cargo no se sobrepone al del primer ministro ni a los demás ministros. Esta aclaración busca despejar cualquier especulación sobre posibles influencias en la denuncia. Sin embargo, la controversia continúa, generando un intenso debate en la opinión pública sobre los límites del periodismo de investigación, los derechos de los funcionarios públicos y el respeto al debido proceso.
Un conflicto abierto
El caso Santiváñez vs. Latina pone de manifiesto el complejo equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho a la protección de la privacidad. La decisión judicial que se tome en este caso establecerá un precedente importante para futuras coberturas periodísticas en el Perú, definiendo los límites permitidos para la investigación y el alcance de la protección legal a los funcionarios públicos.
El desarrollo de este proceso judicial se seguirá con mucha atención, dado su potencial impacto en la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo en el país.
Fuente: Gestión