La tensión en el sector minero peruano ha llegado a un punto crítico. Tras días de bloqueos por parte de mineros informales, el gobierno ha accedido a una tregua de dos meses para buscar una solución al problema generado por la exclusión de más de 50,000 registros del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Esta decisión, tomada luego de una reunión entre el Ejecutivo y representantes de los mineros, abre una ventana de oportunidad para un diálogo que busca evitar un mayor impacto económico y social.
El conflicto se originó por la extensión del Reinfo hasta finales de año, pero con la exclusión de miles de mineros que, según el gobierno, llevaban más de cuatro años inactivos. Esta medida generó fuertes protestas, con mineros bloqueando carreteras y afectando la actividad económica en varias regiones del país. La reunión, descrita como una mesa de trabajo técnica, incluyó la participación del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, representantes de la Confemin, la SNMPE y otros actores clave.
Un plazo de 60 días para el diálogo
Arana anunció un acuerdo para extender la mesa de trabajo durante 60 días calendario, con la próxima reunión programada para el viernes siguiente a las 10 a.m. Si bien se trata de un primer paso y la agenda aún se está definiendo, el premier destacó el consenso unánime para buscar soluciones pacíficas. La posibilidad de revertir la exclusión de los mineros del Reinfo sigue siendo un punto crucial de discusión, aunque Arana reiteró que cualquier acuerdo se enmarcará dentro de la Constitución y las leyes peruanas.
¿Retrocederá el Gobierno?
El gobierno se mantiene firme en su postura legal, afirma que cualquier decisión se tomará dentro del marco constitucional y legal. Mientras tanto, Máximo Bequer, presidente de la Confemin, ha manifestado la insistencia de los mineros informales en que se levante la exclusión. Se espera que durante los próximos dos meses, se lleven a cabo negociaciones intensas para encontrar una solución que satisfaga las demandas de los mineros y, al mismo tiempo, se respete el estado de derecho.
El éxito de esta negociación dependerá de la capacidad del gobierno para encontrar un equilibrio entre la formalización minera y la atención a las necesidades de los mineros informales. La tregua de dos meses es un respiro, pero el desafío de alcanzar una solución duradera a este complejo problema sigue vigente. El impacto en la economía, especialmente en las regiones afectadas por los bloqueos, depende en gran medida del resultado de las negociaciones. El diálogo y la búsqueda de consensos son, ahora, la clave para una salida pacífica a esta crisis.
El tiempo apremia, y la presión social por una solución justa es cada vez mayor. Las próximas semanas serán cruciales para observar cómo evolucionan las negociaciones y si se logrará un acuerdo que garantice la estabilidad en el sector minero del Perú y atienda las preocupaciones de los mineros informales, evitando futuras protestas y bloqueos.
Fuente: Gestión