Una batalla se libra en el Congreso Peruano: la aprobación o rechazo de una nueva Ley Agraria que propone un Impuesto a la Renta (IR) del 15% para la agroexportación, una cifra considerablemente inferior al 29.5% establecido como tasa general. Esta propuesta, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), ha generado un fuerte enfrentamiento con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que se opone firmemente a la medida.
El Midagri defiende la reducción del IR
El Ministro de Agricultura, Ángel Manero, argumenta que la reducción del IR es crucial para atraer inversiones al sector agropecuario, un pilar fundamental de la economía peruana. Manero asegura que la nueva ley permitiría la llegada de inversiones en áreas como la congelación de alimentos en un plazo mucho menor que con la tasa actual. Señala que esta reducción ha sido un factor clave en el crecimiento de la agroexportación en el pasado.
El MEF cuestiona el impacto económico
El MEF, por su parte, ha expresado su preocupación por el posible impacto fiscal de la reducción del IR, estimando una pérdida de ingresos cercana a los S/ 1,700 millones anuales. Sin embargo, el Ministro Manero califica esta estimación como “errónea” y “dogmática”, alegando que el MEF no realiza un cálculo real del impacto y que la cifra real sería significativamente menor.
Un debate con implicaciones cruciales para el futuro del agro peruano
El debate entre el Midagri y el MEF plantea interrogantes cruciales sobre la estrategia a seguir para el desarrollo del sector agropecuario en Perú. Mientras el Midagri defiende la necesidad de incentivos para atraer inversiones y promover el crecimiento, el MEF se centra en las implicaciones fiscales de la medida. La decisión final del Congreso tendrá un impacto significativo en el futuro de la agroexportación y en la recaudación de impuestos del país.
La discrepancia entre las cifras presentadas por ambas carteras pone de manifiesto la necesidad de una evaluación rigurosa y transparente del impacto económico de la propuesta de ley. El debate trasciende la simple discusión sobre una tasa impositiva; se trata de una decisión estratégica que definirá las políticas públicas en el sector agropecuario para los próximos años. El Congreso tendrá la última palabra, con la responsabilidad de sopesar las ventajas y desventajas de la propuesta, considerando las proyecciones económicas a largo plazo y el desarrollo sostenible del sector agroexportador peruano.
El futuro del agro peruano pende de un hilo, sujeto a las negociaciones y la decisión final del Congreso. La presión de los diferentes sectores implicados en la industria es innegable, y la resolución de este conflicto podría marcar un antes y un después en el desarrollo del sector. La transparencia y un análisis exhaustivo son fundamentales para tomar una decisión informada que beneficie al país en su conjunto.
Fuente: Gestión