El Congreso Peruano aprobó una ley que permite la regularización de posesiones informales en terrenos del Estado, generando un intenso debate nacional. Esta norma, calificada como una medida de “última oportunidad”, extiende el plazo para la formalización de propiedades ocupadas ilegalmente hasta el 31 de diciembre de 2021.
¿Qué implica esta nueva ley?
La aprobación por insistencia de esta autógrafa modifica artículos de la Ley N° 28687 y la Ley N° 31056, ampliando significativamente el plazo establecido previamente. Anteriormente, el límite para la regularización se situaba en el año 2004, luego se extendió a 2015 y ahora llega hasta 2021. Esto significa que invasiones realizadas hasta esa fecha podrían ser legalizadas, abriendo un amplio margen para la formalización de predios.
Beneficios y controversias
La ley busca facilitar el acceso a la propiedad para quienes ocupan terrenos de forma informal, beneficiando a miles de familias. Además, exime al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) y a las municipalidades provinciales del pago de tasas regístrales, municipales, aranceles y otros cobros para agilizar el proceso. Sin embargo, la medida ha generado fuertes críticas. Se argumenta que podría incentivar futuras invasiones y que no se toman en cuenta las implicaciones para el patrimonio estatal.
Impacto en el futuro
El impacto a largo plazo de esta ley aún es incierto. Si bien podría beneficiar a muchas familias, también plantea interrogantes sobre la gestión de tierras estatales, la legalidad de las posesiones informales y la prevención de futuras ocupaciones ilegales. El debate público se centra en la necesidad de una regulación más estricta y en la implementación de mecanismos para asegurar una justa distribución de la tierra, sin comprometer los recursos públicos.
La aprobación de esta ley abre un nuevo capítulo en la problemática de la tenencia de la tierra en Perú, generando un escenario complejo que demanda un análisis profundo y un seguimiento exhaustivo de sus consecuencias. El debate sobre la necesidad de regularizar estas posesiones y los posibles efectos negativos de esta medida continuarán en el escenario político y social peruano.
La implementación eficiente de esta ley, junto con la creación de mecanismos para prevenir futuras invasiones, es crucial para mitigar riesgos y garantizar un uso responsable del suelo. El éxito de la iniciativa dependerá de una adecuada fiscalización y de la colaboración entre el Estado y la ciudadanía.
Se espera que las próximas semanas y meses arrojen luz sobre los efectos reales de la ley y su impacto en la gestión de tierras del estado y en la vida de las personas involucradas.
En conclusión, la nueva ley sobre la formalización de invasiones en terrenos estatales en Perú presenta una solución compleja a una problemática social extensa. Su impacto a futuro dependerá de la correcta implementación y el seguimiento constante de las autoridades.
Fuente: Gestión