El retorno de la inmunidad parlamentaria en Perú ha generado un acalorado debate. El congresista Carlos Anderson, precandidato por Perú Moderno, ha expresado su profunda preocupación ante esta decisión, argumentando que podría proteger a posibles delincuentes dentro del próximo Congreso. Anderson señala que la aprobación del dictamen que restablece este mecanismo, por parte de la Comisión de Constitución, crea un entorno donde la impunidad podría florecer.
¿Un escudo para la corrupción?
La preocupación central radica en la posibilidad de que congresistas involucrados en actividades ilícitas encuentren refugio tras este resurgimiento de la inmunidad. Anderson advierte sobre la existencia de “filtraciones” en varios partidos políticos, insinuando la presencia de individuos con antecedentes penales que podrían ser protegidos por este mecanismo. Su posición es firmemente en contra de la inmunidad, considerándola una herramienta que permite la impunidad.
El debate sobre la protección legal
Si bien Anderson reconoce que la inmunidad no equivale a impunidad total, enfatiza que complica la investigación y el procesamiento de delitos comunes. Explica que el Congreso, y no el Ministerio Público, tendría un plazo de 30 días para evaluar si se puede procesar a un congresista, abriendo la puerta a posibles sesgos políticos en la toma de decisiones. Este proceso, según Anderson, genera incertidumbre sobre los criterios que regirán la evaluación de los casos.
Expertos alertan sobre los riesgos
El abogado constitucionalista Erick Urbina refuerza estas preocupaciones, indicando que en el pasado, la inmunidad parlamentaria se ha utilizado como una herramienta para obstruir la justicia. Urbina cita casos de congresistas con procesos judiciales que, amparados en la inmunidad, lograron eludir responsabilidades penales. Este precedente histórico alimenta el temor de un posible retroceso en la lucha contra la corrupción.
El camino a seguir
La aprobación del regreso de la inmunidad parlamentaria con 14 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, demuestra la división existente en el Congreso. La propuesta, impulsada por Wilson Soto de Acción Popular, ha generado un fuerte rechazo por parte de quienes temen que esta medida favorezca la impunidad y debilite las instituciones democráticas del país. El debate seguirá abierto y es fundamental evaluar las consecuencias a largo plazo de esta decisión para el sistema judicial y político peruano.
La aprobación de esta medida constitucional plantea serias interrogantes sobre la transparencia y el compromiso del Congreso con la justicia. El futuro dirá si se convierte en un verdadero escudo para la corrupción o si se maneja con la debida responsabilidad.
Fuente: Gestión