El Congreso peruano aprobó una ley que extiende la reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV) para restaurantes y hoteles hasta el 2027. Esta medida, que implica una reducción del IGV al 8% hasta el 2026 y luego a un 12% en 2027, busca impulsar la reactivación económica de estos sectores, fuertemente afectados por la pandemia. La decisión ha generado controversia, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la ha objetado previamente, argumentando que significaría una pérdida anual de aproximadamente S/ 800 millones para las arcas del Estado.
Una medida con impacto fiscal
El MEF ha expresado su preocupación por el costo fiscal de la medida, estimando un impacto de S/800 millones anuales. Esta cifra ha generado debate y críticas por parte de diversos sectores. El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, calificó la medida como “de lo peor”. Sin embargo, el Congreso ha justificado su decisión argumentando la necesidad de apoyar la recuperación económica de las empresas de los sectores de restaurantes y hoteles.
Detalles de la ley
La ley establece una tasa especial y temporal del IGV para las micro y pequeñas empresas de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos. La tasa se mantendrá en 8% para los años fiscales 2025 y 2026, para luego aumentar al 12% en 2027. La norma busca evitar el cierre de negocios y fomentar la reactivación económica de estos sectores. Se espera que el MEF presente informes anuales sobre los costos y beneficios de esta ley.
Beneficios y controversias
Los proponentes de la ley argumentan que la reducción del IGV ayudará a estas empresas a mantenerse a flote y a generar empleo. Sin embargo, la oposición argumenta que se trata de una medida populista que agrava el déficit fiscal. A pesar de las críticas, el Congreso considera que los beneficios para la economía superan los costos fiscales a corto plazo.
Impacto a largo plazo
El impacto a largo plazo de esta medida aún es incierto. Algunos economistas advierten sobre la posibilidad de un aumento de la inflación y una mayor presión sobre las finanzas públicas. Otros, sin embargo, argumentan que la reactivación económica generada compensará el costo fiscal a largo plazo. El tiempo dirá si esta medida logra su objetivo de reactivación económica o si, por el contrario, genera problemas fiscales significativos.
Requisitos para las empresas beneficiarias
La norma exige que las empresas beneficiarias capaciten a sus empleados e impulsen la certificación de sus servicios ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Esta medida busca mejorar la productividad y competitividad del sector, además de asegurar la calidad de los servicios ofrecidos.
La extensión de este beneficio tributario, vigente desde setiembre del 2022, demuestra la importancia que el Congreso le da a la recuperación de estos sectores económicos.
Fuente: Gestión.pe