Un escándalo sacude al sector minero en Perú. Más de 50,000 registros del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) fueron suspendidos, dejando a miles de mineros artesanales fuera del proceso de formalización. Pero detrás de esta cifra, se esconde una red de tráfico de registros, implicando a entre 1,000 y 1,500 personas, según revelaciones de la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero.
El Tráfico de Registros Mineros
La presidenta Boluarte denunció que un grupo de individuos ha estado traficando con los registros del Reinfo, alquilando y subarrendando espacios mineros de manera ilegal. Esta práctica ha generado conflictos entre los mineros que buscan formalizarse y aquellos que se aprovechan del sistema.
El Futuro del Reinfo
A pesar del escándalo, el Gobierno ha extendido la vigencia del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, se ha enfatizado la necesidad de separar a los mineros que buscan formalizarse de aquellos que operan fuera de la ley. Se han establecido cinco pasos clave para la formalización:
- Completar la documentación necesaria.
- Concretar contratos de explotación con titulares de concesiones.
- Formalizar laboralmente a todos los trabajadores con estándares de seguridad y salud ocupacional.
- Mejorar las normas para impulsar la formalización.
- Integrar a los mineros formalizados a un nuevo fondo minero con acceso a créditos, seguros y asistencia técnica.
El Rol del Gobierno
El Gobierno se compromete a intermediar en las negociaciones entre pequeños mineros y titulares de concesiones, facilitando la firma de contratos de explotación. Además, se supervisará la formalización laboral y se impulsará el fondo minero para brindar apoyo económico y técnico a los mineros formalizados. Se busca así un proceso de formalización transparente y justo que beneficie al sector minero y a la economía del país, combatiendo la minería ilegal.
El impacto de la suspensión del Reinfo
La suspensión del Reinfo para más de 50,000 mineros representa un duro golpe para la economía de muchas comunidades que dependen de la minería artesanal. El Gobierno enfrenta el reto de garantizar un proceso justo y transparente, mientras lucha contra la corrupción y la minería ilegal. La situación requiere soluciones a largo plazo para una formalización efectiva y sostenible.
La lucha contra la minería ilegal continúa siendo un desafío significativo, requiriendo un enfoque integral que aborde tanto los aspectos legales como los socioeconómicos. El futuro de la minería artesanal en Perú dependerá de la capacidad del Gobierno para implementar eficazmente las medidas de formalización y erradicar las prácticas ilegales.
Fuente: Gestión