Un intenso enfrentamiento legal sacude al Ministerio Público peruano. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha ordenado la reposición de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, una decisión que la actual fiscal, Delia Espinoza, se niega a acatar. Esta situación ha escalado a niveles críticos, llevando a la JNJ a iniciar un “procedimiento de ejecución forzosa” para hacer cumplir su resolución.
La JNJ exige el cumplimiento de su resolución
El presidente de la JNJ, Gino Ríos, ha expresado su preocupación por la “desobediencia” de Espinoza, quien se niega a restituir a Benavides, incluso en un cargo inferior. Ríos ha llegado a solicitar al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, que se utilice la “fuerza pública” para garantizar el cumplimiento de la orden.
Reacción de la Fiscal de la Nación y el Ministro del Interior
Delia Espinoza, en respuesta, ha advertido al Ministro del Interior, Carlos Malaver, que cualquier intervención policial sería “ilegal e inconstitucional”. Esta advertencia ha generado un debate crucial sobre los límites del poder de la JNJ y el rol de la PNP en este conflicto institucional.
¿Puede la PNP intervenir? Expertos discrepan
La posibilidad de una intervención policial ha dividido a los expertos legales. Mientras algunos argumentan que la JNJ, al tener una resolución firme, puede solicitar apoyo de la fuerza pública para su ejecución, otros sostienen que la PNP solo puede actuar con una orden judicial, ya que se trata de un acto administrativo y no judicial. El abogado de Benavides, Jorge del Castillo, ha indicado que se evaluará la situación antes de tomar acciones, expresando su deseo de evitar el uso de la fuerza. Por otro lado, el abogado de Espinoza, Luciano López, considera que la intervención policial es ilegal en este caso.
Un conflicto de poderes con consecuencias impredecibles
El conflicto entre la JNJ y la Fiscalía refleja una profunda división en el sistema judicial peruano. La decisión de la JNJ ha generado protestas a favor y en contra de la reposición de Benavides, lo que evidencia la polarización política del país. La posibilidad de que la Policía intervenga añade una capa de incertidumbre, con consecuencias que aún son difíciles de predecir.
Las diferentes interpretaciones legales sobre el uso de la fuerza pública en este contexto administrativo han generado un debate acalorado. Mientras tanto, el Poder Judicial ya ha admitido una demanda de amparo presentada por Delia Espinoza contra miembros de la JNJ, lo que podría paralizar la ejecución de la resolución. El vocero de la Fiscalía, Víctor Cubas Villanueva, ha confirmado la presentación de este recurso y ha pedido al Poder Judicial que actúe con rapidez.
El futuro de este conflicto permanece incierto, con la posibilidad de que el Poder Judicial juegue un papel crucial en la resolución final. La situación pone de manifiesto la fragilidad del sistema judicial peruano y la necesidad de una resolución clara y legalmente sólida para evitar un mayor enfrentamiento.
Fuente: Gestión