El Congreso Peruano ha modificado la Ley N° 27889, que financia la promoción del turismo. Esta ley, vigente por más de dos décadas, experimenta cambios significativos en la distribución de recursos provenientes de un impuesto aplicado a turistas internacionales. La principal alteración reside en la redistribución de estos fondos: la mitad se destinará a infraestructura turística, mientras que la otra mitad se mantendrá para campañas promocionales.
Argumentos a favor de la reforma
Los defensores del cambio argumentan que el desarrollo turístico requiere no solo de promoción, sino también de una sólida infraestructura en los destinos. Se busca priorizar destinos reconocidos por la UNESCO, impulsando su crecimiento a través de mejoras en sus instalaciones.
Puntos críticos y preocupaciones
Expertos en el sector turístico expresan preocupaciones sobre la posible reducción de recursos destinados a la promoción internacional. Mara Seminario, exministra de Comercio Exterior y Turismo, destaca la importancia de mantener campañas de promoción robustas para competir con otros destinos internacionales, especialmente en un contexto post-pandemia donde la recuperación total aún no se ha consolidado.
Seminario advierte que disminuir el enfoque en la promoción podría ser contraproducente, considerando que Promperú cuenta con la experiencia y conocimiento para llevar a cabo campañas efectivas que impulsan el turismo en Perú.
Desvío del objetivo original
El fondo fue creado inicialmente para promover el turismo, incluyendo campañas internacionales y posicionamiento de la marca Perú. La nueva ley, sin embargo, propone una nueva distribución: 20% a Promperú, 40% al Plan Copesco Nacional, 10% al Plan Copesco Cusco, y 30% a municipalidades con ciudades patrimonio UNESCO. Esta dispersión de recursos, según críticos, podría generar ineficiencia y falta de impacto.
Fragmentación del gasto y consecuencias
La fragmentación del gasto podría resultar en la inversión en proyectos de infraestructura sin un impacto turístico significativo, llevando a una ineficacia administrativa y la pérdida de posicionamiento internacional. La falta de capacidad técnica en algunas regiones para gestionar proyectos de infraestructura también genera preocupación.
Falta de capacidad técnica y la corrupción
La falta de capacidad técnica en regiones para ejecutar los proyectos de manera eficiente, sumada a los riesgos de corrupción y mala gestión de recursos públicos, plantea un serio desafío a la efectiva implementación de esta reforma. La historia muestra ineficiencias en la ejecución presupuestal, lo que podría repetirse con la nueva distribución de fondos.
La aprobación de la ley requiere una segunda votación en el Congreso. El futuro del financiamiento para la promoción turística en Perú depende de esta decisión, con implicaciones importantes para la recuperación y el desarrollo del sector.
Fuente: Gestión