Una batalla legal se libra en torno al proyecto minero Tía María, un proyecto cuprífero de US$ 1,802 millones que ha generado una profunda división en Perú. Agricultores del Valle del Tambo presentaron una acción de amparo ante la Corte Superior de Lima para detener el inicio de su construcción, previsto para 2025. El argumento central de los campesinos radica en la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado en 2014 y con una vigencia de cinco años según la ley peruana. Con la expiración en 2019, los agricultores sostienen que la minera no cuenta con la autorización ambiental necesaria para proceder.
El impacto ambiental en el centro de la disputa
Los agricultores del Valle del Tambo, quienes cultivan arroz, ajos, papas, cebollas y aguacates para el consumo local y la exportación a países vecinos como Ecuador y Colombia, temen un grave impacto ambiental. Argumentan que la explotación minera a cielo abierto contaminará el río que utilizan para el riego de sus cultivos. La minera, por su parte, asegura el uso de agua de mar desalinizada y la construcción de un ferrocarril industrial para el transporte de suministros y cobre, minimizando así el impacto ambiental.
Un conflicto de larga data
El conflicto entre los agricultores y la minera, controlada por el Grupo México, se remonta más de una década. Entre 2011 y 2015, las protestas se tornaron violentas, dejando un saldo de siete muertos, más de 300 heridos y una profunda polarización social. Miles de policías se enfrentaron a los agricultores que, temerosos de ser detenidos, se ocultaban en sus campos.
La posición del gobierno
El gobierno peruano, en la voz de la presidenta Dina Boluarte, ha expresado su apoyo al proyecto minero, argumentando que generará recursos para el desarrollo del Valle del Tambo. Sin embargo, esta postura no ha logrado calmar las preocupaciones de los agricultores, quienes perciben una amenaza a su sustento y modo de vida.
El futuro incierto de Tía María
La acción legal presentada representa un nuevo capítulo en este prolongado conflicto. La decisión judicial tendrá un impacto significativo, no solo en el futuro del proyecto minero, sino también en el debate sobre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente en Perú. El país, un importante productor de cobre a nivel mundial, se enfrenta a un dilema crucial: ¿cómo equilibrar la necesidad de desarrollo económico con la preservación de los recursos naturales y los derechos de las comunidades locales?
La incertidumbre persiste en torno al futuro del proyecto. Mientras los agricultores buscan proteger sus tierras y su medio de vida, la minera se enfrenta a un obstáculo legal que podría retrasar, o incluso impedir, la puesta en marcha de su ambicioso proyecto. La decisión judicial resultante será un referente crucial en el panorama del desarrollo minero sostenible en Perú.
El conflicto alrededor de Tía María destaca la complejidad de conciliar el desarrollo económico con las preocupaciones ambientales y las necesidades de las comunidades locales en un país donde la minería juega un papel fundamental en la economía.
Fuente: Gestión.pe