El Congreso Peruano aprobó la nueva Ley Agraria, generando un debate sobre sus implicaciones para el sector. La ley establece una reducción significativa del Impuesto a la Renta (IR) para grandes empresas agrarias, fijándolo en un 15% entre 2026 y 2035, para luego retornar a la tasa general del 29.5% en 2036. Esta medida busca impulsar la inversión en el sector agroexportador, atrayendo capital y generando nuevos empleos.
Beneficios para grandes empresas
Para las grandes empresas del sector, la reducción del IR se presenta como un incentivo importante. Se espera que esta medida genere un aumento considerable en las inversiones, especialmente en proyectos de irrigación que buscan ampliar las hectáreas cultivables. Asociaciones como AGAP han expresado su optimismo, proyectando un incremento significativo en la inversión en los próximos años.
Impacto en pequeños productores
La ley también contempla diferentes escenarios para los pequeños productores, diferenciando su tributación según sus ingresos netos. Aquellos con ingresos menores o iguales a 30 UIT estarán exentos del IR. Para aquellos con ingresos entre 30 y 150 UIT, se aplicará una tasa reducida del 1.5%. Si los ingresos superan las 150 UIT, deberán declarar y pagar el impuesto como empresas agrarias.
Debate y controversia
A pesar de su aprobación, la Ley Agraria no estuvo exenta de controversia. La votación fue ajustada, con un número significativo de parlamentarios en contra o abstención. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) previamente se había opuesto a la reducción del IR, por lo que su postura ante la ley aprobada por el congreso es un punto clave a observar. El Midagri, por su parte, ha expresado su apoyo a la nueva legislación.
¿Futuro del agro peruano?
La nueva Ley Agraria representa un cambio importante en el panorama del sector agropecuario peruano. Su impacto a largo plazo dependerá de la implementación efectiva de sus medidas, y de la respuesta del sector privado y la inversión extranjera. Será crucial monitorear cómo afecta a la inversión, producción, y la distribución de riqueza entre los diferentes actores del sector, incluyendo a los pequeños productores.
La aprobación de esta ley ha generado expectativas positivas en algunos sectores, mientras que otros plantean reservas sobre su impacto real. El tiempo mostrará si se traduce en un crecimiento sostenible y equitativo para el agro peruano.
Fuente: Gestión