El presidente del Consejo de Ministros del Perú, Eduardo Arana, se encuentra en el centro de una controversia con la Confederación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (Confemin). Arana ha declarado que el gobierno no cederá a las presiones para modificar las leyes existentes sobre minería ilegal, afirmando que los mineros presentan posturas contradictorias, unas públicas y otras privadas.
Esta declaración surge tras la cuarta sesión de la mesa técnica multisectorial sobre formalización minera. Durante la reunión, representantes de Confemin solicitaron un cuarto intermedio para evaluar la propuesta del Ejecutivo, un receso que se extendió por casi 40 minutos sin llegar a un acuerdo. Ante esta situación, el gobierno dio por concluida la sesión, aunque manteniendo la puerta abierta para futuras negociaciones con los demás participantes.
El Punto de Conflicto: El Decreto Supremo 09-2025-EM
El principal punto de fricción radica en el Decreto Supremo 09-2025-EM, que establece un plazo hasta el 17 de agosto para que los mineros artesanales gestionen la autorización del uso de explosivos. Confemin considera este plazo demasiado corto e inviable, argumentando la falta de acceso a los polvorines necesarios en el tiempo estipulado. Se estima que se requieren 31,000 polvorines en todo el país para satisfacer las necesidades de los más de 31,560 mineros artesanales en proceso de formalización. La organización solicita una prórroga de al menos cinco meses para cumplir con este requisito.
Arana, por su parte, sostiene que la norma no es autoaplicativa y depende de información que los gobiernos regionales aún no han proporcionado. Rechazó la solicitud de derogación del decreto, ofreciendo en su lugar una resolución directoral que aclare el contenido y los límites de la norma para evitar malas interpretaciones, sin modificar la ley vigente. Se espera que el Ministerio de Energía y Minas emita esta resolución.
Propuesta de Proyecto de Ley y Negociaciones Futuras
Se acordó también proponer un proyecto de norma para la próxima Comisión de Energía del Congreso, un documento que se espera que sea enriquecido con las aportaciones de los mineros y otras instituciones. Arana recalcó que aún quedan cuatro sesiones de la mesa técnica y la necesidad de concluir con las normas propuestas.
La reunión contó con la participación del ministro de Energía y Minas, Jorge Montero; viceministros; congresistas; el defensor del Pueblo; el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA); y representantes de diversos gremios mineros, incluyendo la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía; el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú; la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú; y la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú.
La Perspectiva de Confemin: Imposibilidad Técnica, no Falta de Voluntad
Confemin mantiene su postura crítica, insistiendo en la necesidad de modificar las condiciones del Decreto Supremo 09-2025-EM. Su coordinador nacional, Ismael Palomino, y su abogado, Adolfo Valverde, enfatizan que el problema no es la falta de voluntad de los mineros, sino la imposibilidad técnica de cumplir con los plazos establecidos dadas las limitaciones en el acceso a los explosivos.
La controversia se enmarca en el complejo proceso de formalización minera en Perú, donde miles de trabajadores buscan integrarse al sistema legal. Las actuales condiciones, según los gremios, empujan a los mineros de regreso a la informalidad. El contexto se complica con la revelación de la afiliación política de Palomino a Renovación Popular, aunque el dirigente rechaza que su militancia influya en sus demandas.
Fuente: Gestión