El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha anunciado que apelará “hasta la última instancia” el laudo arbitral perdido en Estados Unidos, que condena a la Municipalidad de Lima a pagar cerca de US$200 millones a Rutas de Lima. Esta decisión, que ha generado un fuerte debate público, marca un nuevo capítulo en la larga batalla legal por el controvertido contrato de concesión de la Vía Parque Rímac.
Una herencia legal compleja
López Aliaga insiste en que heredó un caso ya perdido de gestiones anteriores, señalando que la municipalidad no pagará la suma demandada. Su estrategia se basa en cuestionar la buena fe de la compra de Brookfield, inversor actual de Rutas de Lima, argumentando que la adquisición se realizó cuando Marcelo Odebrecht ya estaba preso y sentenciado por corrupción. Esta línea de defensa busca invalidar el laudo arbitral.
Contraataque en tribunales internacionales
La administración de López Aliaga ha prometido un “contraataque” en tribunales internacionales, utilizando abogados peruanos y extranjeros para defender los intereses de la ciudad. La estrategia busca demostrar que el contrato original de 2013, firmado durante la gestión de Susana Villarán, está viciado por la presunta corrupción de Odebrecht. El alcalde acusa a su predecesor, Jorge Muñoz, de un supuesto conflicto de intereses al contratar a un estudio de abogados de Brookfield para representar a la municipalidad.
El punto clave: la buena fe de Brookfield
El argumento central de la defensa de la Municipalidad de Lima se centra en la falta de buena fe en la adquisición de Rutas de Lima por parte de Brookfield. Se argumenta que la empresa adquirió los derechos de cobro conociendo los vínculos corruptos del contrato original. Este cuestionamiento de la legitimidad de la transacción es fundamental para la estrategia de apelación.
Un desafío económico y político
La disputa por Rutas de Lima representa un desafío significativo para la Municipalidad de Lima, tanto económica como políticamente. La suma de US$200 millones es considerable y su pago impactaría significativamente en el presupuesto municipal. Además, el caso tiene implicaciones políticas, ya que expone presuntos actos de corrupción en administraciones anteriores y pone a prueba la capacidad de la actual gestión para defender los intereses de la ciudad.
El futuro de la batalla legal
La apelación de López Aliaga mantiene la incertidumbre sobre el desenlace final del caso. El proceso legal en Estados Unidos podría prolongarse por varios años, mientras tanto, la Municipalidad de Lima enfrenta la presión de un laudo arbitral millonario y las críticas por su manejo del caso. El resultado final tendrá importantes consecuencias financieras y políticas para la ciudad.
Fuente: Gestión