La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) enfrenta una millonaria deuda. Una corte de apelaciones de Estados Unidos confirmó un fallo que obliga a la municipalidad a pagar US$200 millones al consorcio Rutas de Lima por controversias relacionadas con peajes en la capital peruana. Este pago se suma a una serie de problemas legales que involucran a la MML, Rutas de Lima y la cuestionada concesión vial otorgada en 2013.
Un largo camino legal
La disputa se remonta a 2017, cuando la introducción de un nuevo peaje generó protestas ciudadanas. La MML respondió anulando el cobro y bloqueando futuros incrementos, lo que llevó a Rutas de Lima a iniciar arbitrajes internacionales. En 2020 y 2022, dos tribunales arbitrales fallaron a favor de Rutas de Lima, ordenando el pago de US$ 200 millones en compensación por las acciones de la municipalidad.
Acusaciones de corrupción desestimadas
La MML argumentó que la concesión de 2013 era inválida debido a presuntos actos de corrupción relacionados con Odebrecht, presentando como evidencia aportes a la campaña electoral de la exalcaldesa Susana Villarán. Sin embargo, los tribunales rechazaron estos argumentos al no encontrar pruebas directas que vincularan los supuestos sobornos con la adjudicación del contrato.
Otras acciones legales en curso
La decisión de la corte de apelaciones no marca el final de la batalla legal. La MML presentó una apelación para anular la validación de los laudos, alegando un conflicto de interés por parte de su anterior firma legal. Adicionalmente, Brookfield, el actual controlador mayoritario de Rutas de Lima, ha iniciado un arbitraje contra el Estado peruano por US$2,700 millones, argumentando expropiación de su inversión. Finalmente, existe un tercer proceso arbitral entre Rutas de Lima y la MML, que continúa su curso.
Impacto y consecuencias
Esta situación deja a la MML con una significativa deuda y expone las complejidades de las concesiones públicas y las consecuencias de disputas legales internacionales. El caso plantea preguntas sobre la transparencia en la adjudicación de contratos públicos y la protección de inversiones privadas en infraestructura. El desenlace de los procesos legales pendientes será crucial para determinar el futuro de las autopistas de Lima y las responsabilidades financieras de la municipalidad.
La extensa batalla legal destaca los riesgos inherentes a las concesiones de infraestructura y la importancia de la transparencia en los procesos de adjudicación. Las implicaciones financieras para la MML son significativas, y el resultado final podría tener un impacto duradero en el desarrollo de infraestructura en la capital peruana.
Fuente: Gestión