La crisis política en Perú ha escalado a un nuevo nivel con la decisión del presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, de solicitar el uso de la fuerza pública para restituir a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Esta solicitud, dirigida al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, ha generado una ola de controversia y preocupación por las posibles implicaciones constitucionales.
La JNJ emitió una resolución para la reposición de Benavides, quien fue removida previamente. Sin embargo, la fiscal de la Nación en funciones, Delia Espinoza, se ha negado a acatar la decisión, argumentando irregularidades en el proceso. El pedido de Ríos para que la PNP intervenga representa una escalada significativa en el conflicto, generando temores sobre una posible violación de la autonomía del Ministerio Público.
Un Oficio Controversial
El oficio de Ríos al comandante Zanabria solicita explícitamente el “auxilio de la fuerza pública” para garantizar el cumplimiento de la resolución que repone a Benavides. Esta solicitud ha sido duramente criticada por la fiscal Espinoza, quien la considera ilegal e inconstitucional. En un oficio dirigido al Ministro del Interior, Carlos Malaver, Espinoza advierte sobre las graves consecuencias legales y constitucionales de una intervención policial en un asunto administrativo.
Reacciones y Consecuencias
La solicitud de la JNJ ha sido recibida con fuertes críticas por parte de diversos sectores, quienes la consideran una grave amenaza a la independencia del Ministerio Público y al estado de derecho. Se teme que la intervención policial pueda generar un enfrentamiento entre las instituciones, exacerbando la crisis política actual. La situación se complica aún más por la audiencia judicial en la que se evalúa la suspensión de Benavides por un presunto caso de obstrucción a la justicia.
Durante esta audiencia, el fiscal Luis Ballón Segovia reveló la existencia del oficio de la JNJ, denunciando una amenaza cierta de utilización de la fuerza pública. Señaló que la intervención policial violaría principios elementales de autonomía e institucionalidad.
El Rol de la PNP
La respuesta de la PNP a la solicitud de la JNJ es crucial para el desarrollo de la situación. Si la policía interviene, se podría configurar un grave precedente que pondría en riesgo la independencia de las instituciones del Estado. El Ministro del Interior, Carlos Malaver, se encuentra en una posición delicada, debiendo equilibrar la necesidad de mantener el orden con el respeto al estado de derecho y la autonomía del Ministerio Público.
El conflicto entre la JNJ y el Ministerio Público ha generado una profunda incertidumbre en el país. Las consecuencias de esta disputa podrían tener un impacto significativo en la estabilidad política e institucional de Perú. La resolución de esta crisis requiere un diálogo constructivo y el respeto irrestricto al marco constitucional.
La tensión entre la JNJ y el Ministerio Público sigue en aumento, con consecuencias impredecibles para la estabilidad del país. La posibilidad de una intervención policial representa una amenaza grave para la institucionalidad democrática.
Fuente: Gestión