El Congreso Peruano presentó una denuncia constitucional contra la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y otros fiscales supremos. La acusación, impulsada por Renovación Popular, se centra en el presunto desacato a una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que restituyó a Patricia Benavides en el cargo. Esta acción judicial ha generado una profunda crisis en el Ministerio Público, acentuando las divisiones internas y las tensiones políticas.
El Desacato a la JNJ
La denuncia argumenta que Espinoza y los demás fiscales supremos (Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena y Zoraida Ávalos) se negaron a cumplir la orden de la JNJ, que restituyó a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación. Esta decisión se considera una presunta infracción constitucional y conlleva acusaciones por los delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y usurpación de funciones públicas.
Acusaciones contra Delia Espinoza
La denuncia destaca la permanencia de Delia Espinoza en el cargo a pesar de la decisión de la JNJ. Se le acusa de continuar ejerciendo la función de Fiscal de la Nación, después de haber sido, según la denuncia, “subrogada o cesada”. Esta acción es vista como una afrenta al poder judicial y una muestra de insubordinación a las instituciones democráticas del Perú.
Reacción del Congreso y el Ministerio Público
La congresista Norma Yarrow, de Renovación Popular, criticó duramente la actitud de los fiscales supremos, calificando la situación como un “claro desacato a la autoridad”. Yarrow también señaló la aparente inacción del Ejecutivo y el Congreso en abordar la crisis en el Ministerio Público y la necesidad de una reorganización interna.
La Junta de Fiscales Supremos se mantiene firme
La Junta de Fiscales Supremos, por su parte, defendió la designación de Delia Espinoza como Fiscal de la Nación. En un comunicado, la Junta recordó la suspensión provisional de Patricia Benavides por la JNJ y la posterior confirmación de su destitución. Se enfatizó el compromiso del Ministerio Público con el cumplimiento de sus funciones, destacando la elección del Fiscal de la Nación como una de sus responsabilidades clave. Se afirma que la decisión se tomó en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, ignorando la disposición de la JNJ.
Impacto Político y consecuencias de la crisis
El caso ha generado un intenso debate político en Perú, con acusaciones cruzadas entre diferentes sectores. Las consecuencias de esta crisis en la Fiscalía podrían tener un impacto significativo en las investigaciones en curso y en la estabilidad del sistema de justicia peruano. La falta de consenso sobre la legitimidad del liderazgo en la Fiscalía genera incertidumbre e impide una adecuada administración de la justicia.
Las repercusiones de este conflicto institucional podrían extenderse a otras áreas de la vida pública y la estabilidad del país. La resolución de este conflicto requerirá de un diálogo constructivo entre las diferentes ramas del poder y un compromiso con el respeto al Estado de Derecho.
Fuente: Gestión