El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha propuesto una estrategia innovadora y controvertida para combatir la delincuencia en la ciudad: el uso de drones equipados con inteligencia artificial. La propuesta, que ha generado un intenso debate, consiste en desplegar estos drones para monitorear las calles de Lima y advertir a los delincuentes que se detengan o enfrenten consecuencias.
Según López Aliaga, estos drones, inspirados en sistemas utilizados en Arabia Saudita, serían capaces de identificar actividades delictivas gracias a la inteligencia artificial. En caso de detectar un delito, el dron descendería y emitiría una advertencia al delincuente, amenazando con la activación de un mecanismo que, según las declaraciones iniciales del alcalde, podría implicar una explosión. Esta afirmación ha generado preocupación y confusión, con algunos interpretando que se trata de drones “kamikaze”.
Drones “explosivos”: ¿Una amenaza real o una figura retórica?
La administración del alcalde ha aclarado posteriormente que la “explosión” a la que se refería López Aliaga no implica la detonación del dron en sí, sino una respuesta inmediata de las fuerzas del orden al detectar una situación de riesgo. Se busca que la presencia de los drones y la amenaza de una pronta intervención policial disuadan la delincuencia. El asesor de seguridad del alcalde, Alberto Jordán, ha enfatizado que no se trata de drones explosivos, sino de una herramienta tecnológica para una respuesta automatizada y eficiente ante la delincuencia.
El plan contempla la adquisición de 30 drones y su despliegue en un esquema de cuadrantes, cubriendo toda la ciudad de Lima. López Aliaga asegura que el proyecto es “fácil y barato” de implementar, y que ya se ha iniciado el proceso de adquisición. Sin embargo, la falta de detalles específicos sobre el funcionamiento de estos drones y las implicaciones legales y éticas de su uso, continúan generando dudas y críticas.
Críticas y controversias
La propuesta ha sido recibida con escepticismo y críticas por parte de la ciudadanía y expertos en seguridad. Algunos cuestionan la efectividad de este sistema y expresan preocupación por los posibles abusos y violaciones a los derechos humanos. La imprecisión de la información y las declaraciones contradictorias sobre el funcionamiento de los drones han exacerbado estas preocupaciones. Otros también cuestionan el financiamiento del proyecto con fondos municipales, argumentando que se trata de una responsabilidad del gobierno central.
El debate continúa, y la implementación del plan de drones en Lima plantea importantes interrogantes sobre la privacidad, la seguridad y el balance entre la lucha contra la delincuencia y el respeto a los derechos ciudadanos. La transparencia y la claridad en la información son cruciales para disipar las dudas y garantizar una implementación responsable y ética de esta tecnología.
La implementación de este sistema tecnológico para la seguridad ciudadana en Lima promete ser un tema de debate y análisis profundo en los próximos meses, mientras se espera una mayor claridad sobre sus detalles y su impacto en la ciudad.
Fuente: Gestión