El Congreso peruano se encuentra enfrascado en un debate crucial sobre la nueva Ley de Promoción de la Formalización Minera (MAPE). A pocas semanas de culminar la legislatura, una propuesta de ley ha sido presentada, generando un intenso cruce de opiniones entre los miembros de la Comisión de Energías y Minas.
La propuesta, presentada por el presidente de la comisión, Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), ha sido enviada a cuarto intermedio tras recibir fuertes críticas. Gutiérrez defiende la iniciativa, asegurando que no se trata de una “amnistía” a la minería ilegal, sino de un puente para integrar a la minería informal al sistema formal. Su argumento central radica en que la formalización no debe ser un castigo, sino una oportunidad para operar bajo un marco legal y justo.
Críticas y observaciones a la Ley MAPE
Sin embargo, la propuesta ha recibido un aluvión de críticas. Diana Gonzales (Avanza País), vicepresidenta de la comisión, la ha calificado como un “Reinfo recargado”, acusando a la propuesta de ser un “maquillaje legislativo” que busca legalizar la ilegalidad. Gonzales resalta la falta de una definición clara de minería formal y la excesiva simplicidad de los requisitos para la formalización, lo cual considera un grave riesgo.
La congresista Nilza Chacón (Fuerza Popular) comparte las preocupaciones, señalando la introducción de la categoría de minería tradicional sin un sustento sólido, así como el debilitamiento del sistema de interoperatibilidad para el uso de explosivos. Para Chacón, esta propuesta reduce las herramientas de trazabilidad para combatir la minería ilegal.
Karol Paredes (Acción Popular) fue aún más contundente, planteando que la propuesta debe ser descartada y reescrita, abogando por una nueva propuesta con mayor enfoque territorial y una verdadera sostenibilidad ambiental. Para Paredes, la propuesta actual no satisface las necesidades ni garantiza un futuro sostenible para la minería peruana.
El debate sobre la Ley MAPE es complejo y se encuentra en el centro de la discusión sobre cómo abordar el problema de la minería ilegal en el Perú. Las consecuencias de la aprobación o el rechazo de esta propuesta tendrán un impacto significativo en la economía y el medio ambiente del país. El tiempo apremia, ya que el plazo para su aprobación se acerca rápidamente.
El futuro de la minería artesanal y pequeña escala en el Perú parece depender de la resolución de este complejo debate legislativo, con consecuencias que afectarán a miles de mineros y al país en su conjunto.
La discusión sobre la Ley MAPE continua, y su desenlace promete ser crucial para el futuro de la minería en Perú. El debate se centra en el equilibrio entre la lucha contra la minería ilegal y la promoción de la formalización, un desafío que demanda una solución integral y efectiva.
Se espera que el Congreso convoque una sesión extraordinaria para continuar el análisis y debate de la propuesta, aunque aún no se ha establecido una fecha concreta.
Fuente: Gestión.pe