El gobierno peruano ha dado marcha atrás en su controvertida propuesta de obligar a los medios de comunicación a difundir una “franja informativa” sobre las acciones del Estado durante estados de emergencia. Esta decisión, anunciada por el Ministro de Justicia, Eduardo Arana, llega tras fuertes críticas de gremios periodísticos y de la sociedad civil que denunciaban una potencial vulneración a la libertad de expresión.
Inicialmente, la propuesta, impulsada por el Ejecutivo de Dina Boluarte, buscaba garantizar que la población recibiera información oportuna sobre las medidas gubernamentales en situaciones de crisis. Se planteó la creación de una franja obligatoria en medios de comunicación, generando un intenso debate sobre la independencia periodística y el rol del Estado en la difusión de información. El Ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, había señalado la intención de dialogar con los medios para la implementación de esta medida, recalcando que no se trataba de una imposición de pauta. Sin embargo, esta afirmación contrastaba con la propuesta de modificar la Ley de Radio y Televisión para incluir la obligatoriedad de la franja informativa.
Reacciones y críticas
La propuesta generó una ola de rechazo por parte de diversos sectores. Los gremios periodísticos argumentaron que la franja informativa obligatoria representaría una censura encubierta y una interferencia indebida del Estado en la libertad de prensa. Se temía que esto podría generar un sesgo informativo, limitando la pluralidad de voces y perspectivas. La preocupación central giraba en torno a la posibilidad de manipular la información y utilizarla como herramienta de propaganda gubernamental.
El giro inesperado
Ante la creciente presión, el gobierno optó por suspender la medida. Arana justificó la decisión afirmando que, si bien el objetivo era combatir la criminalidad, se priorizaría la vocación democrática, reconociendo implícitamente la vulnerabilidad a la libertad de expresión que representaba la propuesta original. Esta decisión representa un cambio significativo de rumbo, mostrando una respuesta a las preocupaciones planteadas por los medios de comunicación y la sociedad. Sin embargo, el debate sobre la comunicación del Estado en situaciones de emergencia y la transparencia gubernamental sigue abierto, requiriendo la búsqueda de mecanismos que garanticen la información ciudadana sin comprometer la libertad de prensa.
El futuro de la información en emergencias
La retractación del gobierno abre un espacio para reflexionar sobre cómo mejorar la comunicación pública durante estados de emergencia. Se hace necesario encontrar un equilibrio entre la necesidad de informar a la población de manera eficiente y el respeto irrestricto a la libertad de expresión y la independencia de los medios. La búsqueda de soluciones que promuevan la transparencia y la acceso a la información, sin caer en mecanismos de control y manipulación, será fundamental para fortalecer la confianza pública en las instituciones y asegurar un periodismo libre e independiente.
La discusión sobre la regulación de la información en el ámbito público, y su relación con la libertad de prensa, permanece relevante en el contexto democrático. El caso peruano sirve como un ejemplo de los desafíos y tensiones inherentes a la búsqueda de un adecuado balance entre la difusión de información en situaciones críticas y la salvaguarda de los derechos fundamentales.
Fuente: Gestión