El panorama político peruano se ha sacudido con la noticia de que la Fiscalía de la Nación ha iniciado diligencias para evaluar la posible ilegalidad del partido Fuerza Popular. Esta decisión, según el partido, busca su eliminación de las elecciones de 2026, una afirmación que ha generado una fuerte controversia.
Fuerza Popular, a través de un comunicado y declaraciones de su secretario general, Luis Galarreta, ha expresado su enérgico rechazo, calificando la acción de la Fiscalía como un “uso desproporcionado y político” de sus poderes. Galarreta ha anunciado que se emprenderán acciones legales para contrarrestar lo que considera una maniobra para sacar al partido de la contienda electoral.
Acusaciones de Conducta Antidemocrática
La Fiscalía basa su investigación en una solicitud ciudadana que alega que las actividades de Fuerza Popular atentan contra los principios democráticos. Esto se sustenta en el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, que permite la disolución de un partido por este motivo. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha ordenado la recopilación de información para evaluar la solicitud.
Vinculación con el Caso “Cócteles”
La investigación también considera el estado de las investigaciones contra Keiko y Kenji Fujimori en el caso “Cócteles”, donde el Ministerio Público, a través del Equipo Especial Lava Jato, solicitó previamente la disolución de Fuerza Popular. Esta conexión entre las diligencias actuales y el controvertido caso de lavado de activos añade una capa de complejidad a la situación.
Reacción de Fuerza Popular
Fuerza Popular ha denunciado que esta medida amenaza el pluralismo político y la democracia, afirmando que no es la primera vez que intentan “sacarlos de carrera”. El partido se ha comprometido a defender su existencia dentro del marco constitucional, subrayando su derecho a participar en las elecciones a través del voto popular y no mediante la manipulación.
Implicaciones para las Elecciones 2026
Las implicaciones de esta situación para las elecciones de 2026 son significativas. Si la Fiscalía determina que Fuerza Popular ha incurrido en conducta antidemocrática, su disolución podría alterar significativamente el panorama electoral, dejando una gran incertidumbre sobre el futuro del partido y su participación en la contienda.
La situación mantiene en vilo al país, generando un debate intenso sobre el papel de la Fiscalía en la vida política y la necesidad de una reforma al Ministerio Público, como ha propuesto Galarreta. El desarrollo de las investigaciones y las acciones legales que se deriven serán cruciales para determinar el futuro de Fuerza Popular y su participación en las próximas elecciones.
El partido ha reiterado su compromiso con la democracia y con el derecho del pueblo a elegir libremente. El tiempo dirá si la Fiscalía puede fundamentar sus sospechas y si Fuerza Popular podrá participar en las elecciones del 2026.
Fuente: Gestión