El Congreso Peruano aprobó una nueva ley que regula el mercado de alquileres turísticos, impactando directamente a plataformas como Airbnb. Esta normativa, que busca formalizar la actividad y proteger a los consumidores, introduce cambios significativos en la manera en que se operan los alquileres a corto plazo en el país. La ley establece nuevas obligaciones para los propietarios que alquilan sus propiedades a través de estas plataformas, incluyendo la inscripción obligatoria en un registro digital y el cumplimiento de las mismas obligaciones tributarias que los hoteles tradicionales.
¿Qué implica la nueva ley para los anfitriones de Airbnb?
La principal novedad es la creación del Registro Digital del Arrendamiento Turístico (Redat). Todos los propietarios que alquilen propiedades a través de plataformas digitales deberán registrarse en este sistema, proporcionando información detallada sobre el inmueble y el propietario. Esta medida busca transparentar el mercado y facilitar la fiscalización por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
Además de la inscripción obligatoria, la ley establece sanciones para quienes no cumplan con la normativa. Las multas pueden llegar hasta las 7 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que representa una considerable suma de dinero. El incumplimiento también puede resultar en la suspensión temporal o incluso definitiva de la actividad.
Impacto fiscal: Airbnb y el pago de impuestos
Uno de los aspectos más relevantes de la ley es la equiparación de las obligaciones tributarias de los arrendadores turísticos con las de los establecimientos de hospedaje tradicionales. Esto significa que los ingresos obtenidos a través de plataformas como Airbnb estarán sujetos a impuestos, tal como ocurre con los hoteles y hostales. Esta medida podría generar un aumento en los ingresos fiscales del país, aunque también podría afectar la competitividad del mercado de alquileres turísticos.
Más allá de los impuestos: Protección al consumidor y prevención del delito
La nueva ley no solo se centra en aspectos fiscales. También busca mejorar la protección al consumidor, garantizando que los turistas cuenten con información clara y precisa sobre las propiedades que alquilan. Asimismo, la ley establece la obligatoriedad de un registro de huéspedes, con el objetivo de prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el turismo.
Debate y consideraciones finales
La aprobación de la ley generó un debate entre quienes la consideran una medida necesaria para formalizar el mercado y proteger a los consumidores, y aquellos que temen que pueda desincentivar el uso de plataformas como Airbnb. Algunos argumentan que el aumento en los costos asociados a la regulación podría afectar negativamente al turismo y a la economía local. Sin embargo, los proponentes de la ley enfatizan la importancia de regular un sector en crecimiento para asegurar su sostenibilidad y prevenir prácticas ilegales.
La implementación de esta ley representa un cambio significativo para el sector de alquileres turísticos en Perú. Los anfitriones de Airbnb y plataformas similares deberán adaptarse a las nuevas regulaciones para seguir operando legalmente. El tiempo dirá si esta nueva normativa logra el equilibrio deseado entre la formalización del mercado, la protección del consumidor y el crecimiento del sector turístico.
Fuente: Gestión.pe