La tensión crece en Perú. Mineros informales amenazan con un bloqueo nacional de carreteras a partir del lunes 30 de diciembre si el gobierno no promulga la ley que extiende el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Esta medida, aprobada por el Congreso, busca regularizar la actividad minera informal, pero su falta de promulgación ha generado un fuerte descontento entre los trabajadores.
Paro nacional inminente
Omar Montalvo, secretario de organización de la Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales y Contratistas de Secocha, en Arequipa, ha sido el portavoz de esta contundente advertencia. Según Montalvo, la decisión se tomó en una reunión de diversas organizaciones de mineros informales afiliadas a la Confederación Minera del Perú. Se planea una movilización en Lima, junto con bloqueos de carreteras en todo el país.
Consecuencias del bloqueo
El anuncio del paro genera incertidumbre sobre el impacto económico y social que podría tener en el país. El bloqueo de la carretera Panamericana Sur, entre otras vías principales, podría afectar el transporte de mercancías y personas, generando retrasos y pérdidas económicas significativas. Además, la falta de promulgación del Reinfo deja a los mineros informales en una situación de ilegalidad a partir del 30 de diciembre, impidiéndoles la compra y comercialización de insumos necesarios para sus actividades.
Demandas de los mineros
Los mineros informales no solo exigen la promulgación de la ley, sino también la renuncia de dos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas: el viceministro de Minas, Henry Luna Córdoba, y la directora general de Formalización Minera, Mayra Mercedes Elisabeth Figueroa. Los mineros argumentan que estos funcionarios, pertenecientes a la gestión del exministro Rómulo Mucho, no han actuado con la suficiente diligencia para resolver el problema de la informalidad minera.
Un futuro incierto para la minería informal
La situación pone de manifiesto la complejidad del problema de la minería informal en Perú y la necesidad de encontrar soluciones que equilibren la necesidad de regularizar la actividad minera con la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los trabajadores. La falta de una respuesta contundente del gobierno podría desencadenar una crisis social de importantes consecuencias. El desenlace de esta situación dependerá de las negociaciones entre el gobierno y los mineros en los próximos días. La incertidumbre reina en el sector, mientras los mineros esperan una respuesta definitiva.
El tiempo se agota y la presión aumenta. La respuesta del Ejecutivo será crucial para evitar un escenario de conflicto y paralización nacional. Las próximas horas serán decisivas para el futuro de la minería informal en el país.
Fuente: Gestión