La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha ordenado la suspensión inmediata de la ley de amnistía para militares y policías procesados por crímenes durante la lucha contra el terrorismo en Perú. Esta decisión, tomada el 25 de julio de 2025, genera una fuerte controversia y repercusiones a nivel nacional e internacional.
Una Ley Controversial
La ley, aprobada por el Congreso peruano el 9 de julio de 2025, buscaba exonerar de responsabilidad a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional involucrados en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. La medida generó una ola de críticas de organizaciones de derechos humanos y víctimas de la violencia, quienes la consideran una afrenta a la justicia y a la memoria de las víctimas de casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta.
Preocupación de la Corte IDH
La Corte IDH argumentó que la ley de amnistía vulnera el acceso a la justicia para las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, donde decenas de civiles fueron asesinados por agentes del Estado. La decisión de la Corte IDH enfatiza la necesidad de garantizar la investigación y el procesamiento de los responsables de estas graves violaciones de los derechos humanos, sin importar el paso del tiempo.
Llamado a la Suspensión Inmediata
El organismo internacional ha instado al Estado peruano a detener inmediatamente el proceso de la ley hasta que la Corte IDH pueda analizar a fondo la solicitud de ampliación de medidas provisionales y evaluar su impacto en los casos mencionados. Esta suspensión busca proteger los derechos de las víctimas y asegurar que se haga justicia.
Audiencia Pública
Como parte de este proceso, la Corte IDH ha convocado a una audiencia pública para el 21 de agosto de 2025, en su sede en San José, Costa Rica. En esta audiencia se escucharán los testimonios de los representantes de los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Impacto y consecuencias
La decisión de la Corte IDH tiene un impacto significativo en el sistema judicial peruano y en la lucha por la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos. La suspensión de la ley de amnistía podría abrir camino a la reapertura de investigaciones y procesos judiciales contra militares y policías involucrados en crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. La respuesta del gobierno peruano a esta decisión internacional será crucial para determinar el futuro del proceso legal y la búsqueda de justicia para las víctimas.
Reacciones y Debate
La decisión ha generado un intenso debate en Perú, con diversas reacciones de actores políticos, sociales y organismos internacionales. Mientras algunos sectores defienden la necesidad de la amnistía para la reconciliación nacional, otros insisten en la importancia de la justicia y la reparación para las víctimas.
El futuro de la ley de amnistía y su impacto en la búsqueda de justicia en Perú permanece incierto, pero la decisión de la Corte IDH marca un punto de inflexión en este proceso.
Fuente: Gestión