Una polémica sesión en la Comisión de Energía y Minas del Congreso Peruano estuvo a punto de aprobar un dictamen con graves implicaciones para la lucha contra la minería ilegal. La propuesta, debatida el martes 8 de julio, buscaba modificar la Ley de Promoción de la Formalización Minera (Ley MAPE), que busca reemplazar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Presidida por Paul Gutiérrez del Bloque Magisterial, la sesión se caracterizó por un intenso debate de más de cuatro horas, sin llegar a un consenso. Finalmente, la propuesta fue sometida a votación “con cargo a redacción”, pero fue rechazada con 12 votos en contra, una abstención y solo 5 votos a favor.
Preocupación por la Minería Ilegal
El viceministro de Minas, Ronald Ibarra, representando al Ministerio de Energía y Minas (Minem), presentó cinco observaciones cruciales a la propuesta. Una de las principales preocupaciones giraba en torno a la falta de claridad en los criterios para diferenciar a los mineros inscritos en el Reinfo de aquellos suspendidos, dejando un posible espacio para que la minería ilegal se filtre al nuevo sistema.
Recientemente, el Minem excluyó a más de 50,500 inscritos suspendidos del Reinfo, con más de 44,000 sin actividad minera en los últimos cuatro años. La falta de especificación sobre cómo se integraría a los inscritos con Reinfo vencido al nuevo esquema fue otro punto crítico. Ibarra enfatizó la necesidad de definir claramente las condiciones para participar en el nuevo sistema.
Puntos Álgidos del Debate
La falta de claridad sobre el enfoque del nuevo esquema de formalización – preventivo o paralelo a la actividad minera– también generó controversia. Se cuestionó la posible vulnerabilidad del sistema ante la minería ilegal, dada la falta de especificación sobre las «causales de exclusión» del Reinfo. Ibarra instó a fortalecer estas causales para evitar que la minería ilegal se beneficie de las nuevas regulaciones.
Adicionalmente, el dictamen proponía quitar a los gobiernos regionales la facultad de fiscalización ambiental, una medida que contraviene la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. La propuesta también generó preocupación por la figura de servidumbre minera, que podría vulnerar los derechos de los titulares de concesiones mineras. La exención de responsabilidad penal para mineros en vías de formalización fue otro punto ampliamente debatido y considerado inviable.
Reacciones y Consecuencias
La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, expresó su preocupación sobre la premura con la que se buscaba aprobar la ley, calificándola de antitécnica e inconstitucional. Alertó sobre el riesgo de que la ley otorgue impunidad a los mineros ilegales y atente contra el régimen de concesiones.
El fracaso de la propuesta en la comisión representa un revés para aquellos que buscaban cambios rápidos en la regulación minera. Sin embargo, también destaca la necesidad de un debate más amplio y consensuado para abordar la compleja problemática de la minería ilegal en Perú, evitando soluciones que puedan generar consecuencias negativas e implicaciones a largo plazo.
El rechazo de la propuesta abre la puerta a futuras revisiones y debates, con la esperanza de alcanzar una solución que equilibre la formalización minera con la protección ambiental y el combate a la ilegalidad.
Fuente: Gestión