El Congreso peruano ha generado controversia al archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por su presunta responsabilidad en las muertes y heridos durante las protestas de 2022-2023. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales argumentó que no existen pruebas suficientes para responsabilizar a la presidenta ni a los exministros involucrados. Esta decisión ha desatado un intenso debate público, con acusaciones de blindaje político por parte de algunos sectores.
El informe presentado por el congresista José Jerí Oré indica que no se encontraron órdenes directas ni acciones dolosas por parte de la presidenta que vinculen sus decisiones con los resultados lesivos de las protestas. La falta de un vínculo causal claro entre las acciones de Boluarte y las muertes durante las manifestaciones fue la justificación principal para el archivamiento de la denuncia.
¿Qué dicen los críticos?
Diversos sectores han expresado su descontento con la decisión del Congreso, alegando que se trata de un intento de proteger a la presidenta de las consecuencias de su gestión durante las protestas. Organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas han cuestionado la exhaustividad de la investigación y la falta de consideración de las numerosas evidencias que, según ellos, apuntan a una responsabilidad directa o indirecta de Boluarte. Señalan que el archivamiento deja una sensación de impunidad y falta de justicia para las víctimas y sus familias.
La defensa de la Subcomisión
Por otro lado, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña, defendió el proceso llevado a cabo, afirmando que la decisión de archivar la denuncia se tomó de acuerdo con el reglamento del Congreso y que cada congresista votó según su criterio. Ella rechazó las acusaciones de blindaje, argumentando que la Subcomisión evaluó cuidadosamente todas las pruebas presentadas y que, en su opinión, no había suficientes elementos para proceder con una acusación formal.
Un Caso Complejo con Implicaciones Políticas
El archivamiento de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas de gran magnitud. Refleja las profundas divisiones políticas existentes en el país y exacerba las tensiones entre el gobierno y sus críticos. La falta de una resolución clara sobre la responsabilidad en las muertes y heridos durante las protestas deja un vacío que podría continuar alimentando el descontento social y las protestas en el futuro.
El caso sigue siendo objeto de controversia y debate, con la posibilidad de que se continúen las investigaciones a nivel del Ministerio Público. Las preguntas sobre la responsabilidad política y la justicia para las víctimas de las protestas siguen sin respuesta definitiva, creando un contexto de incertidumbre e inestabilidad política en Perú.
La decisión del Congreso plantea interrogantes cruciales sobre la transparencia y la imparcialidad de los procesos de justicia en Perú y sobre la capacidad del sistema político para abordar adecuadamente las graves violaciones de derechos humanos.
El debate público continúa y es probable que el tema siga siendo un punto central de las discusiones políticas en los meses venideros.
Fuente: Gestión.pe