Un escándalo sacude al Congreso de la República del Perú. Se investiga el financiamiento de un viaje a Francia de María Jesús Gosálvez Postigo, vecina y amiga de la familia del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana. El viaje fue cubierto con fondos del Parlamento, según reveló Punto Final, a través de una donación tramitada por el Comité de Damas del Congreso, presidido por la esposa de Salhuana, Ivonne Ruiz.
Gosálvez, productora de aceite de castaña, recibió el pasaje Lima-París-Lima como una «liberalidad» con «previa disponibilidad presupuestal», según el Acuerdo de Mesa Directiva N.º 185-2024/2025. Si bien ella afirma que no solicitó el viaje, la cercanía entre ambas familias genera interrogantes sobre la transparencia de la gestión. El reportaje de Latina Noticias detalla la relación entre Gosálvez y los Salhuana, quienes compartieron vecindad en Puerto Maldonado y mantienen una amistad, incluso con publicaciones públicas de agradecimiento por parte del congresista. El vínculo laboral entre Gosálvez y Salhuana en el Congreso entre 2000 y 2005, añade otra capa de complejidad a la situación.
Posible Delito de Negociación Incompatible
Especialistas legales, como el penalista Fernando Silva, señalan que este caso podría configurar el delito de negociación incompatible, con una pena de hasta seis años de prisión. La aproximación del viaje como un favoritismo, otorgado por la esposa del presidente del Congreso y aprobado por este mismo, podría ser interpretado como una defraudación a la función pública. El monto exacto del pasaje, estimado en alrededor de 1,500 dólares según búsquedas en páginas web de aerolíneas, no ha sido proporcionado por el Congreso a pesar de una solicitud formal por parte de Punto Final. La falta de transparencia en los criterios para otorgar este tipo de apoyo económico acrecienta las preocupaciones.
Reacciones y Cuestionamientos
Mientras Gosálvez niega haber solicitado el viaje, afirmando que fue una iniciativa del Comité de Damas, la falta de información y la naturaleza de la relación entre las partes centrales del caso generan dudas sobre la legalidad y ética del proceso. La falta de justificación clara y la ausencia de transparencia en la asignación de los fondos públicos para este viaje alimentan las críticas contra el presidente del Congreso y su gestión. El debate público se centra en la necesidad de una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos y determine si se cometió alguna irregularidad o delito.
El incidente ha intensificado el escrutinio sobre la asignación de recursos públicos dentro del Congreso y pone en relieve la importancia de la transparencia y rendición de cuentas en la administración de los fondos públicos. La falta de información pública precisa sobre el proceso de asignación de fondos en este caso particular, deja espacio a la especulación y las posibles acusaciones de abuso de poder e incluso corrupción. Se espera que las investigaciones pertinentes aclaren todos los aspectos de este caso, permitiendo una evaluación completa y objetiva de la situación.
Fuente: Gestión