Una polémica decisión ha sacudido los cimientos del Congreso Peruano: la Fiscalía Suprema de Familia archivó el caso de presunta violación sexual contra su presidente, José Jerí. La denuncia, presentada por una mujer que afirma haber sido agredida mientras estaba inconsciente el 29 de diciembre de 2024, involucraba también a un pariente cercano del congresista. El hecho habría ocurrido en una propiedad del parlamentario en Canta, al norte de Lima.
Silencio de la Comisión de Ética
La Comisión de Ética del Congreso, ante la gravedad de la acusación, optó por no denunciar a José Jerí, una decisión que ha generado fuertes críticas y cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso interno. Esta falta de acción ha alimentado las sospechas de encubrimiento y ha intensificado el debate público sobre la transparencia y rendición de cuentas en el poder legislativo.
El rol del Fiscal Supremo
El archivo del caso estuvo a cargo de Tomás Aladino Gávez Villegas, quien preside la Fiscalía Suprema de Familia. Este mismo fiscal fue previamente destituido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por faltas graves relacionadas con el caso «Los Cuellos Blancos del Puerto», pero posteriormente restituido en su cargo por el Tribunal Constitucional. Esta controversia en torno a su trayectoria profesional genera dudas sobre la objetividad del proceso de archivo.
Reacciones y Consecuencias
La decisión de archivar el caso ha generado una ola de indignación y protestas. Organizaciones de defensa de los derechos de la mujer han expresado su preocupación por la aparente falta de justicia y la vulnerabilidad de las víctimas ante este tipo de delitos. El caso ha puesto en evidencia la necesidad de una reforma profunda en los mecanismos de investigación y sanción de la violencia sexual en el Perú.
¿Un final o un nuevo comienzo?
Si bien la Fiscalía ha archivado el caso, la presión pública y el interés generado por los medios de comunicación podrían llevar a nuevas investigaciones o a la reapertura del proceso. La ciudadanía exige transparencia y justicia, y este caso se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad y la violencia de género en el país. El debate continúa abierto, y el futuro del caso, y la credibilidad del Congreso, pende de un hilo.
Detalles adicionales
El congresista Jerí ha negado rotundamente las acusaciones, expresando sorpresa y pesar ante la denuncia. Mientras tanto, la investigación contra Marco Antonio Cardoza Hurtado, también implicado en el caso, se ha remitido a otra fiscalía para su continuación. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha ofrecido sus servicios a la víctima.
Fuente: Gestión