La minera Poderosa ha sufrido un segundo ataque por parte de grupos de minería ilegal en menos de tres días. Este nuevo atentado, que involucra la voladura de torres de alta tensión, se suma a un ataque previo reportado hace apenas 72 horas. La situación pone en evidencia la creciente amenaza que representa la minería ilegal para la industria minera peruana y la seguridad nacional.
Un panorama de violencia creciente
El gerente de Asuntos Corporativos de Poderosa, Pablo de la Flor, confirmó el nuevo ataque a través de una entrevista radial. De acuerdo con sus declaraciones, los mineros ilegales han dinamitado al menos dos torres de alta tensión, afectando directamente las operaciones de la compañía. Este hecho se produce a pesar del estado de emergencia vigente y la significativa presencia policial en la zona, con cerca de 300 efectivos desplegados.
De la Flor destacó la gravedad de la situación, no solo para Poderosa, sino para el sector minero en su conjunto. La audacia de estos ataques, perpetrados incluso bajo una fuerte presencia policial, revela la compleja problemática de la minería ilegal en el Perú y su capacidad para operar impunemente.
El desafío de la minería ilegal
La minería ilegal no solo representa un grave riesgo para las empresas mineras, sino que también está intrínsecamente ligada a otros delitos como la trata de personas, la extorsión y el sicariato. Se convierte en una amenaza para la seguridad nacional y la institucionalidad del país, debilitando el estado de derecho y generando inestabilidad en regiones enteras.
El ejecutivo de Poderosa hizo un llamado a la reflexión sobre la necesidad de una respuesta más contundente y efectiva para combatir esta actividad ilícita. La dificultad para custodiar las vastas áreas de operación minera, incluso con un gran número de efectivos policiales, resalta la necesidad de estrategias integrales que aborden la problemática desde diferentes frentes.
Impacto en la economía y la seguridad
Estos ataques no solo impactan en la actividad minera, generando pérdidas económicas significativas para las empresas afectadas, sino que también desestabilizan la región y generan incertidumbre entre la población local. La falta de seguridad y la presencia de grupos armados ilegales afectan el desarrollo económico y social de las comunidades cercanas a las áreas de explotación minera.
La situación exige una respuesta coordinada entre las autoridades, las empresas mineras y la sociedad civil para erradicar la minería ilegal y garantizar la seguridad en las zonas afectadas. Se requiere un enfoque multidisciplinario que aborde las causas subyacentes de la minería ilegal, incluyendo la falta de oportunidades económicas y la debilidad de las instituciones en ciertas regiones.
En conclusión, el segundo ataque a la minera Poderosa en menos de 72 horas pone de manifiesto la urgencia de implementar medidas efectivas para frenar la minería ilegal en el Perú, proteger la seguridad de las empresas y las comunidades, y contribuir a la estabilidad del país.
Fuente: Gestión