Tras el atentado contra la sede del Ministerio Público en Trujillo, la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha encendido las alarmas sobre la necesidad urgente de aprobar una ley de detención preliminar. Este crucial vacío legal, según Espinoza, impide la captura de los responsables del ataque, incluso si son identificados. La falta de esta herramienta jurídica deja a investigaciones complejas, como el sicariato y el crimen organizado, expuestas a la impunidad.
La detención preliminar: una herramienta clave contra la delincuencia
Espinoza enfatiza que la eliminación de la detención preliminar dificulta considerablemente la acción de las autoridades contra sospechosos identificados durante las investigaciones preliminares. Sin esta medida cautelar, la Fiscalía se enfrenta a una limitación significativa en su capacidad para detener y procesar a criminales, incluso en casos con evidencia sustancial.
El caso del atentado en Trujillo sirve como ejemplo concreto de esta problemática. Aunque la policía pueda identificar a los autores del ataque, sin la ley de detención preliminar, su aprehensión se vuelve prácticamente imposible. Esta situación subraya la urgente necesidad de reformar el marco legal para fortalecer la lucha contra la delincuencia.
Más allá de Trujillo: un problema de alcance nacional
El problema trasciende el atentado en Trujillo. Espinoza destaca la sobrecarga de la Unidad de Flagrancia, enfocada en delitos menores, dejando desprotegidos casos complejos como la minería ilegal, el sicariato y las extorsiones. Los fiscales trabajan bajo una presión constante, demandando una respuesta inmediata las 24 horas del día, para garantizar la justicia. Su labor no se limita a las oficinas, sino que requiere un monitoreo continuo y una actuación rápida frente a cualquier delito.
Seguridad para fiscales y la necesidad de inteligencia
La Fiscal de la Nación asegura que se brindará protección policial a los fiscales amenazados en Trujillo. Sin embargo, reconoce que la presencia policial y militar por sí sola es insuficiente para controlar la inseguridad. Se necesita una estrategia integral de inteligencia policial para prevenir y desarticular las organizaciones criminales. La falta de presupuesto limita el fortalecimiento de estas áreas, dificultando las labores de inteligencia e infiltración, lo que deja a la región vulnerable a la criminalidad.
El incremento de extorsiones y amedrentamientos en Trujillo, evidencia la ineficacia de las estrategias actuales de seguridad. La situación exige una reconsideración profunda de las políticas de seguridad y un refuerzo significativo de los recursos destinados a la inteligencia policial. La aprobación de la ley de detención preliminar se presenta como una pieza clave en este rompecabezas, crucial para la eficaz lucha contra el crimen organizado y la protección de la ciudadanía.
Fuente: Gestión