El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariño, ha lanzado fuertes críticas al gobierno peruano por la implementación de un toque de queda en la provincia tras la trágica masacre de 13 personas. Mariño argumenta que esta medida es simplemente una respuesta improvisada, carente de una estrategia a largo plazo para combatir la creciente criminalidad en la zona. Su declaración resalta la falta de un plan integral para enfrentar el problema, calificando la situación como una demostración de ineficacia gubernamental.
La situación en Pataz se ha vuelto crítica, con el alcalde denunciando amenazas de muerte por parte de organizaciones criminales. A pesar de las amenazas, Mariño se mantiene firme en su postura crítica y exige una investigación exhaustiva que incluya a todos los actores involucrados, desde las fuerzas del orden hasta los mineros, tanto legales como ilegales. El objetivo es descubrir a los responsables intelectuales de los crímenes.
Declaraciones impactantes del alcalde
En una entrevista televisiva, Mariño expresó su profunda decepción con la respuesta gubernamental, enfatizando la falta de coordinación y planificación en el combate a la criminalidad. Considera que la declaración del toque de queda demuestra una incapacidad para abordar las causas profundas del problema. Su participación en una reunión en Palacio de Gobierno, donde no fue incluido en la conferencia de prensa de la presidenta Dina Boluarte ni informado previamente sobre la medida, sólo refuerza su acusación de falta de transparencia.
Críticas a la inacción gubernamental
Mariño cuestiona la efectividad del estado de emergencia previamente implementado en la región, argumentando que la masacre de Pataz y el reciente secuestro de 50 trabajadores de la minera Caravelí son evidencia de su fracaso. Su crítica se extiende al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, a quien acusa de indolencia. Mariño afirma que cree que la reacción del gobierno habría sido mucho más rápida si sus familiares hubieran sido víctimas de estos crímenes.
Amenazas y llamado a la acción
Las amenazas de muerte recibidas por el alcalde no lo han intimidado. Mariño declara públicamente que continuará denunciando la situación y exigiendo justicia. Considera que el gobierno es responsable de su seguridad y la de su pueblo, y responsabiliza directamente al gobierno central si algo le sucede. Mientras tanto, solicita mayor seguridad para la población, sin embargo afirma que no pedirá protección personal.
El alcalde finaliza su llamado con un exhorto al Ministerio del Interior y al Congreso para que implementen una respuesta contundente contra las organizaciones criminales, enfatizando la incapacidad de los gobiernos locales para enfrentar grupos armados con recursos militares. Propone soluciones drásticas, como cadena perpetua o pena de muerte para los criminales, como una forma de disuadir futuros actos de violencia.
Fuente: Gestión