Un atentado con explosivos en Trujillo, Perú, ha dejado un saldo de 10 heridos y 25 viviendas dañadas, generando una ola de indignación y preocupación en la región La Libertad. Ante la gravedad de la situación, el alcalde provincial, Mario Reyna Rodríguez, ha pedido la implementación de un régimen jurídico especial para combatir la creciente ola de delincuencia.
La propuesta del alcalde incluye medidas para proteger la integridad de jueces y fiscales, quienes, según Reyna Rodríguez, se encuentran bajo amenaza constante por parte de grupos criminales. Esta protección especial buscaría garantizar la celeridad en las investigaciones y enjuiciamientos, evitando la reprogramación de audiencias debido a las amenazas.
Medidas urgentes: ¿Regreso de los «jueces sin rostro»?
Reyna Rodríguez ha sugerido incluso el retorno de la figura de los «jueces sin rostro», una medida utilizada en el pasado para proteger a los operadores de justicia de la violencia del crimen organizado. Considera que esta medida, aunque controvertida, es necesaria para garantizar la seguridad de los funcionarios judiciales y la eficiencia del sistema.
El alcalde ha criticado las medidas tradicionales de seguridad, argumentando que el aumento de policías y el mejoramiento del equipamiento, si bien son necesarios, no son suficientes para abordar la raíz del problema. Enfatiza que se requiere un fortalecimiento del sistema judicial para lograr un impacto real en la lucha contra la delincuencia.
Llamado a la acción: El estado de sitio como alternativa
Por otro lado, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, ha propuesto la declaración del estado de sitio en Trujillo. Esta medida permitiría a las fuerzas del orden mayor libertad de acción para capturar a los delincuentes responsables del atentado y prevenir futuros actos de violencia. El Ministro del Interior, Carlos Malaver, ha indicado que se evaluará la viabilidad de esta propuesta en el Poder Ejecutivo.
La situación en Trujillo resalta la necesidad de una respuesta integral que combine medidas de seguridad con reformas al sistema judicial. La propuesta del alcalde de implementar un régimen jurídico especial, que incluya la protección de jueces y fiscales, refleja la urgencia de abordar la delincuencia de forma contundente y eficaz, con medidas que protejan a la población y a quienes trabajan para garantizar la justicia.
El impacto del atentado ha trascendido la ciudad, generando un debate nacional sobre la eficacia de las estrategias actuales de seguridad ciudadana y la necesidad de implementar reformas estructurales para combatir la delincuencia. La opinión pública exige soluciones urgentes y efectivas para proteger a los ciudadanos de la violencia y la inseguridad.
El incidente ha generado una profunda preocupación entre los habitantes de Trujillo, quienes reclaman mayor seguridad y un compromiso firme de las autoridades para erradicar la violencia que amenaza la paz y la tranquilidad de la región. Las consecuencias de este atentado podrían marcar un punto de inflexión en la lucha contra la delincuencia en el Perú.
Fuente: Gestión