Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, ha solicitado a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que cubra los honorarios de su abogada en el proceso penal que enfrenta por presuntas irregularidades en la obra de recuperación de la Plaza de la Bandera. La solicitud ha generado controversia, especialmente por la cifra propuesta: S/ 31,000.
La exfuncionaria está acusada de colusión agravada y negociación incompatible. Según la solicitud, la abogada Merly Friorelly Edquen Olivera, especializada en temas procesales penales y defensa de servidores civiles, representaría a Villarán. La defensa argumentaría que la actuación de Villarán fue acorde con la directiva sobre reglas para el ejercicio del derecho de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles.
Detalles del caso
El caso se centra en las presuntas irregularidades en el proceso de valorizaciones adicionales a favor del consorcio Villa durante la mencionada obra. La Fiscalía investiga si Villarán actuó de forma irregular, favoreciendo al consorcio. Se le imputan delitos que podrían conllevar una pena de prisión significativa.
Impedimento de salida del país
Es importante destacar que el Poder Judicial ha dictado 36 meses de impedimento de salida del país contra Susana Villarán en el marco de las investigaciones por presunto lavado de activos en el caso Lava Jato. Esta medida busca asegurar su presencia durante el proceso judicial. Adicionalmente, el juez rechazó la solicitud de la Fiscalía para restringir su comunicación con testigos y coacusados.
Otros implicados y el juicio oral
Además de Villarán, otras 17 personas están implicadas en el caso, incluyendo exfuncionarios de la MML. Se espera que el juicio oral comience el 23 de septiembre. Se revisará el pedido de prisión preventiva para Mario Ruas, quien se encuentra en México. La Fiscalía considera que existe riesgo de fuga y peligro procesal para los investigados.
Acusaciones de la Fiscalía
La Fiscalía sostiene que las campañas de Villarán en 2013 y 2014 recibieron aportes irregulares de Odebrecht y OAS a cambio de favores en licitaciones. Villarán enfrenta la posibilidad de una pena de 29 años de prisión, acusaciones que ella ha negado rotundamente. En declaraciones recientes, expresó su preocupación por las amenazas recibidas luego de la muerte de su exgerente general, José Miguel Castro.
Preocupaciones y el futuro del caso
El caso de Susana Villarán sigue en desarrollo, y la solicitud para el pago de su defensa legal añade otra capa de complejidad al proceso judicial. Las implicaciones políticas y legales del caso son amplias y su resolución tendrá un impacto significativo en el panorama político y judicial del país. La opinión pública se mantiene atenta a la evolución del juicio y a la decisión de la Municipalidad de Lima sobre la solicitud de Villarán.
La situación actual es una prueba desafiante para el sistema judicial peruano y la transparencia en la gestión pública. La resolución del caso determinará la responsabilidad de Villarán y los demás implicados, y sentará precedentes para futuros casos de corrupción.
Fuente: Gestión