El Poder Judicial peruano ha generado una ola de incertidumbre al anular la suspensión de Patricia Benavides como fiscal suprema. La decisión ha sido recibida con fuertes críticas por parte de la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien argumenta que Benavides aún enfrenta varios procesos pendientes y que no existe una orden judicial que ordene su inmediata reincorporación. Este escenario plantea una compleja batalla legal y política con importantes implicaciones para el sistema judicial del país.
Espinoza, en una conferencia de prensa, enfatizó que la Corte Suprema no ha ordenado el regreso de Benavides, sino que simplemente declaró infundada la apelación del Ministerio Público sobre la suspensión de 36 meses, a la vez que declaraba fundada la apelación de Benavides misma. La fiscal aclaró que la Corte únicamente desestimó la solicitud para que se le impida ejercer cualquier cargo público.
Una suspensión vigente… o no
La situación se complica aún más por una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que impone una suspensión de 60 días a Benavides. Irónicamente, esta resolución, fechada el 23 de junio, fue notificada al Ministerio Público recién esta semana, generando interrogantes sobre la transparencia del proceso. Ante esta situación, el Ministerio Público ha solicitado a la JNJ aclaraciones sobre la vigencia y aplicación de esta suspensión.
Implicaciones presupuestales y logísticas
El posible regreso de Benavides plantea desafíos logísticos y presupuestales para el Ministerio Público. Se están evaluando diferentes opciones, incluyendo la posibilidad de designarla como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), considerando el año electoral en curso.
Críticas al Congreso
Espinoza también dirigió críticas al Congreso, particularmente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, acusándola de obstaculizar las investigaciones contra su predecesora. Espinoza negó tener problemas personales con Benavides, enfatizando su compromiso con la justicia y el cumplimiento de la ley, independientemente de la persona involucrada.
Existen seis denuncias constitucionales contra Benavides, relacionadas a su presunto vínculo con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, con «elementos de convicción muy fuertes», según la fiscal. Espinoza cuestionó la lentitud del Congreso en el procesamiento de estas denuncias, contrastándola con la rapidez en casos de otros altos funcionarios aforados. La fiscal concluyó reafirmando su compromiso con la institucionalidad y la búsqueda de la verdad, negando cualquier intención de persecución o revancha.
El futuro de Benavides y las implicaciones de este caso en la lucha contra la corrupción en Perú, permanecen como temas cruciales a seguirse de cerca. La falta de claridad y la discrepancia entre las decisiones judiciales, ponen en evidencia la necesidad de reformas profundas dentro del sistema judicial peruano.
Fuente: Gestión.pe