Un terremoto político sacude Perú. La Fiscalía de la Nación ha presentado una impactante denuncia constitucional ante el Congreso, acusando al expresidente Pedro Castillo, a 24 congresistas, y a varios exministros de integrar una organización criminal. El escándalo involucra a miembros de Acción Popular, conocidos como “Los Niños”, y a representantes de Perú Libre – Bloque Magisterial. Las acusaciones son graves: organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
Según el Ministerio Público, Castillo lideró una red que operó desde el poder ejecutivo para negociar votos a cambio de direccionar licitaciones y contrataciones públicas en diversos ministerios, incluyendo Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Producción. La presunta red de corrupción se extendió a organismos públicos descentralizados, la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Policía Nacional del Perú y la Empresa Nacional de Puertos.
Congresistas implicados: una lista extensa
La Fiscalía ha imputado a varios congresistas, algunos por organización criminal y tráfico de influencias, otros sólo por tráfico de influencias, y otros solo por organización criminal. Entre los nombres que figuran en la denuncia se encuentran: Karol Ivett Paredes Fonseca, Juan Carlos Mori Celis, Ilich Fredy López Ureña, Wilson Soto Palacios, Silvia María Monteza Facho, José Alberto Arriola Tueros, Pedro Edwin Martínez Talavera, Luis Ángel Aragón Carreño, Hilda Marleny Portero López, Carlos Javier Zeballos Madariaga, German Adolfo Tacuri Valdivia, Pasión Neomias Dávila Atanacio, Francis Jhasmina Paredes Castro, Oscar Zea Choquechambi, Jhackeline Katy Ugarte Mamani, Paul Silvio Gutierrez Ticona, Segundo Teodomiro Quiroz Barboza, Nivardo Edgar Tello Montes, y Américo Gonza Castillo. Adicionalmente, Jhaec Darwin Espinoza Vargas, Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Hernán Vergara Mendoza y Jorge Luis Flores Ancachi son acusados por tráfico de influencias, mientras que Carlos Alva Rojas enfrenta cargos únicamente por organización criminal.
Ex Ministros también en la mira
La investigación también compromete a exministros del gobierno de Castillo. Jorge Prado Palomino, exministro de la Producción, enfrenta cargos por organización criminal y negociación incompatible. Betssy Chávez, ex primera ministra, es acusada de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Finalmente, Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, está imputado por organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
Este caso representa una profunda crisis institucional en Perú, con implicaciones de largo alcance para la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción. El Congreso deberá ahora pronunciarse sobre la denuncia constitucional, lo que determinará el curso de las acciones judiciales contra los acusados.
El desenlace de este complejo caso judicial está pendiente, pero el impacto político es indudable, con el futuro de muchos políticos en juego. El pueblo peruano espera una investigación exhaustiva y transparente que lleve a la verdad y a la justicia.
Fuente: Gestión.pe